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MSc. Jonathan Flores
Igualdad política
femenina en
Nicaragua:
Estrategia pública
y cambio social
durante el periodo
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Jonathan Flores
Tema Central
RESUMEN
El presente artículo es el resultado de la investigación documental, en la
que se utilizaron documentos fuentes de diversa naturaleza con el propósito
de analizar su contenido desde el punto de vista cualitativo, acerca de la
igualdad política femenina en Nicaragua, especícamente, en su carácter
de estrategia pública nacional. Se toma en cuenta el contexto histórico y
cultural en el que la sociedad nicaragüense interactúa en el sistema político
vigente. Las relaciones de género fueron un factor clave para el estudio
de la igualdad política y forman parte integral del análisis. De modo que,
la perspectiva de género se constituyó en una herramienta de análisis
fundamental en su función de facilitar una mirada crítica y transversal de
las relaciones de género y de poder. Los principales hallazgos reejaron que
la estructura de la estratega nacional de género durante el periodo 2007-
2016 se expresa en tres aspectos centrales, la igualdad ante la ley mediante
la aprobación y reformas de un conjunto de leyes a favor de los derechos
de las mujeres, acciones armativas expresadas en la implementación
de programas sociales, y una transversalización del género como política
nacional y parte de los planes nacionales de desarrollo humano. Así como
una amplia presencia e inclusión de las mujeres en distintas instancias del
Estado.
ABSTRACT
This article is the result of a documentary research. Thus, source documents
of different nature, about female political equality in Nicaragua, specically
in its character of public national strategy, were analyzed from a qualitative
point of view. The historical and cultural context in which Nicaraguan society
interacts in the current political system is taken into account. Gender relations
were a key factor in the study of political equality and thus, are an integral
aspect of the analysis. The gender perspective became a fundamental
analysis tool to facilitate a critical and cross-cutting view of gender and power
relations. The main ndings reect that the structure of the national gender
strategist during the period 2007-2016 is expressed in three central aspects:
equality before the law through the approval and reforms of a set of laws in
PALABRAS CLAVE
Igualdad de género, mujeres, cambio social,
poder, participación política.
KEYWORDS
Gender equality, women, social change,
power, political participation.
Igualdad política
femenina en
Nicaragua: Estrategia
pública y cambio
social durante el
periodo 2007-2016.
MSc. Jonathan Flores
Departamento de Filosoa, Universidad Nacional
Autónoma de Nicaragua, Managua. UNAN-Managua.
https://orcid.org/0000-0001-8959-4682
floresjonathan57@yahoo.es
Recibido: 10 Diciembre 2017
Aceptado: 11 Enero 2018
Copyright © 2018 UNAN-Managua
Todos los DerechosReservados.
Female political equality in Nicaragua:
public strategy and social change during
the 2007-2016 period.
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favor of women; afrmative actions expressed in the implementation of social programs and
a gender cross-cutting national policy and part of the national human development plans, as
well as, a wide presence and inclusion of women in different instances of the State.
Introducción
L
a evolución de los derechos políticos de las mujeres en Nicaragua tiene sus propios
matices en cada contexto histórico, su reconocimiento y participación como sujeto político
ha variado constantemente y las propias coyunturas sociopolíticas han incidido en la forma de
su participación en el ejercicio del poder.
En la historia política de Nicaragua la participación de las mujeres ha estado ligada al
acontecer político nacional y en ese sentido, han tenido diversos protagonismos, omisiones
y restricciones. La irrupción de las mujeres en el espacio público ha constituido un constante
desafío a los roles tradicionales de género y a la praxis sociopolítica dentro del espacio
público/privado, que a su vez, son reforzados por instituciones sociales como la familia, la
Iglesia y el Estado.
En este sentido, el objetivo de este artículo,es indagar acerca de la igualdad
política femenina como fenómeno político y en su especicidad como estrategia
pública de emancipación y cambio social en Nicaragua. Se toma de referencia un
contexto histórico especíco que propicia de manera oportuna plantearse algunas
interrogantes, no sin antes, poner de relieve algunos aspectos contextuales que
permitan aproximarnos al escenario de la investigación.
Se sabe que, tras la llegada al poder del Frente Sandinista de Liberación Nacional en el año
2007, el nuevo gobierno potenció el rol de las mujeres en la superación de la pobreza como
agentes claves del desarrollo nacional, esto orientó programas sociales que generaron mayor
visibilidad de las mujeres no solo en la esfera económica, sino que impulsó su participación
en diferentes cargos públicos dentro del Estado.
Incorporar a hombres y mujeres de manera paritaria en las propuestas partidarias para cargos
de elección popular, y la recurrencia de mujeres ejerciendo funciones y cargos públicos
que tradicionalmente habían sido ocupados exclusivamente por hombres, es un fenómeno
reciente y de interés en Nicaragua. En este sentido, la pregunta que guía el interés de este
artículo apunta a indagar, ¿Cuál ha sido la estructura de la estrategia pública para conseguir
la igualdad política femenina en Nicaragua?
Materiales y Método
El enfoque investigativo utilizado para este trabajo es cualitativo, este enfoque permite estudiar
la realidad social desde su sistema de relaciones y su estructura dinámica de manera holística
(Pétergas & Pita, 2002). Este tipo de metodología tiene su fundamento epistemológico en el
modelo dialéctico, “considerando que el conocimiento es el resultado de una dialéctica entre
el sujeto (sus intereses, valores, creencias, etc.) y el objeto de estudio” (Martínez, 2006:129).
La propuesta se distancia del paradigma positivista que parte de una realidad dada, en el
que el sujeto cognoscente puede conocerla de forma exhaustiva y objetiva (Meza, 2003), se
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emplea una visión en el que se toma en cuenta “la comprensión de una realidad considerada
desde sus aspectos particulares como fruto de un proceso histórico de construcción y vista
a partir de la lógica y el sentir de sus protagonistas, es decir ,desde una perspectiva interna”
(Quintana, 2006:48).
Para el análisis se incorpora la perspectiva de género, que permite ampliar la posibilidad de
comprender que las desigualdades, las relaciones de subordinación y el propio modelo de
igualdad política en el que participan las mujeres son el resultado de modos diferenciados
de socialización política. Esta perspectiva de género ofrece una mirada transversal para la
comprensión de las relaciones de poder desde el género como categoría de análisis. Esta
perspectiva sirve como instrumento útil para desentrañar múltiples aspectos relativos a la
construcción social de la identidad de las personas, la reproducción de jerarquías y dominación
que modulan las relaciones intersubjetivas e institucionales (Miranda, 2012).
Se utiliza la técnica del análisis documental desde el punto de vista de su contenido, y desde
la perspectiva cualitativa, esta técnica permite el uso de documentos fuentes de diversa
naturaleza para extraer los signicados subyacentes en ellos recogido (Dulzaides & Molina,
2004). Lo que interesa del análisis de contenido no es el estudio de las palabras, sino de las
ideas, en el entendido de que toda comunicación supone una transmisión de ideas, valores y
supone una proyección de la cultura en su carácter simbólico, considerando lo simbólico como
representación de la realidad social.
Resultados y discusión
Aspectos de la estrategia pública para la igualdad de género
La estrategia pública de parte del Estado para impulsar la inclusión y participación política
de las mujeres; se puede entender desde tres aspectos que están vinculados entre sí. Estos
aspectos se pueden denir como procesos políticos-jurídicos ligados y con cierta sincronía:
Igualdad ante la ley, las Acciones armativas y la Transversalización del género.
La igualdad ante la ley
Este proceso implicó la eliminación de obstáculos legales que impiden a las mujeres acceder a
derechos y espacios que de manera tradicional han sido casi exclusivos para los hombres. La
adecuación de los marcos normativos ha sido uno de los avances más sobresaliente en cuanto
a leyes que demandan mayor compromiso y atención del Estado a los problemas que afectan a
las mujeres y que se derivan especialmente de sus posiciones de género en la sociedad.
Si se considera que el componente legislativo es central, un primer objetivo debería ser
la eliminación de legislaciones discriminatorias, seguida de una legislación a favor de
la equidad por medio de leyes de igualdad integrales o especícas para los distintos
problemas de la discriminación: violencia doméstica, leyes laborales, leyes de conciliación
de la vida familiar y laboral, y leyes de participación en las instituciones políticas (ONU,
2017: 17).
Estas acciones se fundamentaron siguiendo la lógica constitucional del artículo 27 de la
Constitución Política de Nicaragua, que señala que todas las personas son iguales ante la ley, un
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término jurídico que se basa en el principio universal de la igualdad. Siendo el sexo y el
género categorías jurídicas y políticas que no impide el reconocimiento de los derechos
de las mujeres.
Entre las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional durante el período 2007-2016 se
encuentra la Ley 648. Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades aprobada en el año
2008 en las que se recogen algunas deniciones como igualdad real, entendida como
“Superación de la brecha entre la legislación y las situaciones de hecho en todos los
ámbitos de la sociedad.” (Ley 648, 2008, art. 3). Esta ley incluye un capítulo dedicado al
ámbito de lo político, destacándose aspectos como el mandato a los partidos políticos
para que estos establezcan disposiciones en las que se asegure la participación efectiva
de mujeres y hombres en las instancias decisorias a lo interno de sus estructuras.
La Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades dio paso para reformar y adecuar
algunas leyes especícas en materia de participación política y electoral con el n
de establecer cuotas electorales paritarias en las elecciones locales y nacionales.
Igualmente, en el año 2014 se aprobó la Ley 779. Ley Integral Contra la Violencia Hacia
las Mujeres, por medio de la cual, el Estado penaliza la violencia contra las mujeres y
se tipica el femicidio como delito grave. De igual modo la Ley 792. Ley de Reformas a
la Ley 40. “Ley de Municipios” conocido dentro del argot político nicaragüense como la
ley 50-50.
Estos cambios de carácter legal se pueden leer como positivos y que sus efectos mejoran
de forma gradual la situación de exclusión o marginación de las mujeres en la política.
Sin embargo, plantean una cuestión que tiene que ver con el propio procedimiento e
intenciones con el que se elaboran estas leyes, así como los mecanismos efectivos que
se utilicen para su aplicación.
La aprobación de leyes en las que se tome la perspectiva de género se evidencia en el
propio aspecto estructural de las mismas, entiéndase como el contenido de las leyes,
y el modo en que las propias instituciones políticas las interpretan y las ejecutan. Se
pueden identicar en estas leyes algunos artículos que son estructurantes de la estrategia
pública del Estado. Por ejemplo, el propio rol que juegan las instancias estatales en
cuanto a la responsabilidad de implementar lo que las normativas señalan.
...Los Poderes del Estado,
sus órganos de administración a nivel
nacional, los Gobiernos de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica, las
municipalidades y las instituciones de creación constitucional garantizarán
la igualdad entre mujeres y hombres en el ejercicio de sus derechos políticos
Los Poderes del Estado, sus órganos de administración a nivel nacional,
los Gobiernos de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica, las
municipalidades y las instituciones de creación constitucional garantizarán
la igualdad entre mujeres y hombres en el ejercicio de sus derechos políticos,
incluidos entre otros, el derecho al voto, la elegibilidad, el acceso a las instancias,
niveles de poder y toma de decisiones, así como la libertad para organizarse,
de participar y demás garantías civiles y políticas (Ley No. 648, 2008, art.8)
.
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Respecto a las cuotas electorales referidas a los cargos de elección popular a nivel local y
nacional hay un avance signicativo. Los partidos políticos están obligados por ley a presentar
listas equilibradas respecto a mujeres y hombres para las candidaturas a concejales, alcaldes,
vice alcaldes y diputaciones.
Se garantiza
la igualdad de derecho
a optar a cargos de elección popular como una oportunidad a
la que tienen acceso tanto hombres como mujeres, estableciéndose un porcentaje proporcional del 50%
para hombres y 50% para mujeres a las elecciones Nacionales, Regionales, Municipales y del Parlamento
Centroamericano, promoviendo la participación, el progreso social y elevación del nivel de vida dentro
de un concepto más amplio de igualdad y de oportunidad (Decreto 29-2010, 2010, art. 7).
El procedimiento que la ley establece para la conformación de las listas es muy general y deja
algunos vacíos que pueden jugar en desventaja para las mujeres, puesto que los partidos políticos
están dirigidos principalmente por hombres. El procedimiento legal para la conformación de
las listas enfatiza dos criterios generalizados que son la equidad y alternabilidad; “(…) deberán
presentar en sus listas de candidatos un cincuenta por ciento de hombres y un cincuenta por
ciento de mujeres ordenados de forma equitativa y presentada de manera alterna” (Ley 790,
2012, art. 82).
Acciones afirmativas o positivas
Este aspecto de la estrategia pública recoge las acciones armativas, entendidas como aquellas
acciones impulsadas por los poderes públicos destinada al cumplimiento de las normas que
promueven la igualdad real para las personas (grupos discriminados y excluidos) incorporando
privilegios compensatorios y preferenciales con el n de que se integren en las estructuras
sociales e institucionales (Durango, 2016; Saldarriaga & Ramírez, 2015).
Estas acciones se ven reejadas en los programas sociales impulsados por el gobierno de
Nicaragua, que están destinadas de modo exclusivo para las mujeres, los programas tienen
un enfoque de empoderamiento económico y político, se derivan de las líneas estratégicas del
el Plan Nacional de Desarrollo Humano. Estas acciones desde la perspectiva del gobierno se
denen como parte de una política que consiste en:
Vigilancia social y aplicación de todos los mecanismos y acciones armativas para que el 50% de
las mujeres estén presentes numérica y cualitativamente en la construcción y toma de decisiones
en todos los espacios sociales, económicos, políticos, institucionales, comunitarios y familiares
(GRUN, 2008:16).
En el ámbito económico se destaca el programa Hambre cero. Es un programa social impulsado
desde el año 2007 por el GRUN
1
, y consiste en la entrega de un Bono Productivo Alimentario
destinadas a mujeres del área rural. El objetivo desde el punto de vista de género es empoderar
a las mujeres rurales al pasar de ser amas de casa tradicionales a procesos productivos;
estimulando procesos de asociatividad entre las destinatarias y persigue el fortalecimiento de
las prácticas productivas del sector rural (agricultura y ganadería) (Plataforma de Seguridad
Alimentaria y Nutricional, s.f.).
Otro programa social emblemático es Usura cero, su interés inmediato consiste en facilitar el
acceso de las mujeres al crédito con bajas tasas de intereses para la mejora de los negocios e
impulsar el emprendimiento. Este programa se presenta como una alternativa para las mujeres
que no tienen acceso al crédito de la banca comercial (MEFCCA
2
, 2016).
1 Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional
2 Ministerio de Economía Familiar Comunitaria, Cooperativa y Asociativa
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Por otro parte, en el ámbito político se efectuaron acciones como las cuotas electorales para los
gobiernos municipales, y de diputación nacional. Dentro de estas acciones armativas también,
se destacan las mujeres en el gabinete de gobierno. Para el año 2010 las mujeres representaban
53.8% del gabinete de gobierno (Boletín el 19 Noticias, 2010).
En torno de estas iniciativas se han generado algunas posiciones que señalan que a pesar
de que existe una promoción por parte del Estado para impulsar políticas especícas hacia
las mujeres, todavía se diculta la remoción de los obstáculos socioculturales que impiden un
empoderamiento real, entre ellos, la propia división del trabajo, la falta de elección libre de la
maternidad y la propia violencia de género. (Álvarez, 2015).
La voluntariedad del Estado de Nicaragua para reformar y legislar a favor de leyes en materia
de igualdad de género y acceso de las mujeres a la política, forman parte esas acciones
armativas, constituye una lógica de armonización con los instrumentos internacionales en
materia de igualdad que ha suscrito referidos a esa materia. Sin embargo, a pesar de los avances
evidentes en los marcos normativos, todavía persisten factores estructurales que restringen la
participación política efectiva de las mujeres.
Transversalización del Género
La transversalización del género constituye el tercer aspecto de la estrategia pública para
garantizar igualdad en la participación política de las mujeres. Este proceso consiste en la
institucionalización del género como política y quehacer del Estado y el gobierno, un aspecto
que se reeja en la elaboración y ejecución de planes de igualdad.
El primer plan de igualdad fue formalmente publicado bajo decreto ejecutivo en el año 2006,
es conocido como el Programa Nacional de Equidad de Género (PNEG). El decreto constituye
el plan de igualdad de género adoptado por el Gobierno de la República para ejecutarse en el
período 2006-2010. Este señala la ruta del Estado para las acciones institucionales en materia
de igualdad de género, y vincula a todo sistema institucional para su ejecución.
El
panorama nicaragüense
sobre la integración de los aspectos de género en las políticaspúblicas
muestra iniciativa prácticas desde las distintas áreas de desarrollo. En la actualidad
conceptualmente parecen centrarse sobre todo en el área de gobernabilidad y estar aglutinadas
en torno al problema de la lucha contra la violencia intrafamiliar y de género (Decreto 36-2006,
2006, cap. III).
Sin embargo, tras el cambio de gobierno en el 2007 por primera vez se presenta una propuesta
de la política de género anunciada en el 2008, en esta se recoge a groso modo la política
gubernamental para la igualdad de género. Es un documento general que contiene los aspectos
políticos de la igualdad de género y los retos y compromisos que asume el GRUN sobre la
temática. La propuesta declara que uno de sus objetivos es:
Incorporar la perspectiva de género a las políticas y acciones públicas es tomar en cuenta las
diferencias entre los sexos y analizar en cada circunstancia, las causas y los mecanismos
institucionales y culturales que estructuran la desigualdad entre mujeres y hombres (Gobierno de
Reconciliación y Unidad Nacional, 2008:3).
2 Ministerio de Economía Familiar Comunitaria, Cooperativa y Asociativa
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Esta incorporación del género en la agenda política forma parte de la estrategia de desarrollo
humano que luego se recogen en los planes nacionales de la gestión gubernamental del GRUN,
acompañado al mismo tiempo de un discurso político simbólico que ubica a las mujeres en un
lugar protagónico.
En el Plan Nacional de Desarrollo Humano 2012-2016, se destaca la política de género del
GRUN en las que se puede identicar dos propósitos: uno de carácter político, que lo asocia al
desarrollo de los propios mecanismos democráticos y el otro de carácter socioeconómico que
busca impulsar a las mujeres en el plano productivo desde la micro y mediana empresa bajo la
línea de la erradicación de la pobreza.
La Política de Género del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, establece que la
igualdad entre hombres y mujeres, además de ser un derecho humano, es una necesidad estratégica
para la profundización de la democracia representativa y participativa para la construcción de
una sociedad justa y desarrollada socioeconómicamente (GRUN, 2012).
Otro elemento que forma parte de este proceso es la creación de las Unidades de Género en los
diferentes poderes del Estado. Entre la más estratégica se identicó la Unidad Técnica de Género
de la Asamblea Nacional que es una instancia que asesora a las comisiones parlamentarias para
la incorporación del enfoque de género en las iniciativas de leyes.
Un aspecto clave al que todavía no se ha trascendido es la asignación de recursos y presupuestos
especícos para implementar acciones y programas que contribuyan a la materialización de lo
que las normas señalan. Los estudios de impacto de género hacia los presupuestos públicos y
las políticas públicas es uno de los aspectos que hace falta desarrollar dentro de esta estrategia
nacional
Participación de las mujeres en el sistema político institucionalizado
El porcentaje de escaño que ocupan las mujeres en la Asamblea Nacional y la participación
en el gabinete de gobierno permite alcanzar una representatividad institucional que en primera
instancia es formal. La participación se puede visualizar en la medida en que las mujeres pueden
presentarse como candidatas en las elecciones locales y nacionales, por el número de mujeres
electas en la Asamblea Nacional y la presencia de mujeres en los gabinetes de gobierno, a nivel
más local también por el número de mujeres electas como alcaldesas y concejales.
De acuerdo con las estimaciones del Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL (s.f) el
porcentaje de mujeres que han sido electas para ejercer una diputación en la Asamblea Nacional
ha venido aumentado progresivamente a partir del año 2007. En ese año las mujeres electas
representaban el 18.5 % de los escaños, luego entre 2009 y 2010 ocupaban el 20. 7 %. Esto
representa una cifra superior al promedio de mujeres diputadas electas entre el período 2000-
2006 que alcanzaba el 17.9 %.
Los cambios más signicativos se produjeron en el período 2011-2015, que oscila entre 40.2
% y el 42. 4 %. Como se puede observar la participación aumenta el doble que la de los años
anteriores. Igualmente, en el año 2016 que corresponde a las últimas elecciones generales, el
porcentaje de mujeres en la Asamblea Nacional es del 45.7% (OIG-CEPAL, s.f. a). Esto signica
que la tendencia del acceso de las mujeres en el cargo de disputadas ha sido gradual, pero
continúo y está vinculado a las decisiones de los partidos políticos.
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Por otra parte, la composición de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional en su mayoría está
compuesta por mujeres, cuatro de los siete cargos que la constituyen. De las cuales tres ocupan
cargos como Vicepresidentes y una como Primera Secretaria. (Asamblea Nacional, s.f).
Las Comisiones Parlamentarias están conformadas por tres diputado/as. De las quince
comisiones que existen seis están presididas por mujeres y corresponden a comisiones a las que
se le atribuye un perl femenino. Entre ellas las áreas de gobierno referidas a la mujer, juventud,
niñez y familia; medio ambiente; pueblos originarios; servicios públicos y salud y seguridad
social. En cambio, los hombres siguen predominando en aquellas comisiones que tiene un
carácter más estratégico para el Estado y están relacionados con la economía, presupuesto y
relaciones exteriores.
Respecto a lo anterior, se puede decir que más allá del porcentaje de mujeres que ocupan un
escaño, subyacen dinámicas de poder y de género que inuyen en la distribución de los cargos
directivos que las mujeres y hombres deben ocupar dentro de la Asamblea Nacional y que
inuyen al momento de determinar las prioridades e intereses de las mujeres de los colectivos
que representan.
La incorporación de las mujeres al ámbito político institucional se debe a diversos factores
entre los que se pueden resaltar dos. El primero está relacionado a la composición de la lista
de candidaturas que presentan los partidos políticos y el segundo se debe a los cambios en
el marco normativo nacional. En cuanto a los partidos políticos, el FSLN ha sido el partido que
más mujeres incluye en sus listas de candidaturas para diputaciones. “La aplicación voluntaria
de la paridad en las listas del FSLN en 2011 es un antecedente positivo” (Johnson, Rocha, &
Schenck, 2013:14). En las elecciones del 2011 el FSLN obtuvo 62 escaños de los 90 existentes
a nivel nacional, de ellos 33 eran mujeres.
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El segundo factor está relacionado con los cambios a nivel legislativo. Fue a partir del año
2008 que la igualdad de género comienza a hacer parte del trabajo parlamentario en las que
se aprobaron leyes que tenían como foco la igualdad de derechos y oportunidades y al mismo
tiempo comienza a formar parte del debate público.
Participación de las mujeres en los Gabinetes de Gobierno
La participación de las mujeres en el Poder Ejecutivo ha sido alta en los últimos tres períodos
presidenciales. Para el período presidencial 2007-2011 las mujeres representaban el 55.8 %
en los gabinetes ministeriales, para el período 2012-2016 el porcentaje correspondía al 60% y
en el último período 2017-2021 donde se maniesta un descenso con un 47.1% (OIG-CEPAL,
s.f. b), que son considerablemente altos en comparación la participación de las mujeres en la
administración de los gobiernos neoliberales.
Sin embargo, a pesar que la participación de las mujeres que ocupan carteras ministeriales ha
sido alta en los últimos tres períodos de gobierno, todavía se puede visualizar que la participación
de las mujeres por cartera ministerial está concentrada en áreas sociales y participan menos en
áreas económicas y políticas.
Si se compara la composición de las Comisiones Parlamentarias de la Asamblea Nacional, en
cuanto a las mujeres que tienen el cargo de presidente con la composición de las carteras
ministeriales en relación a las mujeres que fungen como ministras, se puede evidenciar que hay
similitudes en relación a las áreas que en las estas participan. Esto signica que hay un patrón
de género que inuye de manera sistemática al momento de ubicar a mujeres y hombres en las
diferentes esferas de poder a nivel estatal. Existen áreas donde hombres no son intercambiables,
sobre todo en áreas económicas (Hacienda, Industria, Agropecuaria, energía) y áreas políticas
fundamentales (Relaciones exteriores).
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Conclusiones
A modo de conclusión, se puede inferir que durante el periodo 2007-2016 se efectuaron
importantes avances en el marco jurídico nacional con respecto a la igualdad política, en este
período se dio lugar a la creación y reformas de leyes a favor de la participación política de las
mujeres teniendo como eje central la igualdad de género, también se promovieron acciones
concretas como la formulación de una política nacional de género, la inclusión del género en el
Plan Nacional de desarrollo Humano para los períodos 2008-2012 y 2012-2016.
En este período se posicionó un discurso institucional que reconocía que la desigualdad de género
que afecta de modo diferenciado a las mujeres respecto a los hombres, ha sido un obstáculo
para la realización del proyecto nacional, lo que llevó implementar un conjunto de acciones que
se tradujeron en una importante presencia de las mujeres en las distintas instituciones públicas,
y en otras circunstancias fueron protagonistas de distintos programas sociales como sujetos
estratégicos de políticas públicas.
El reconocimiento de las mujeres nicaragüenses como plenos sujetos políticos es un elemento
central para el avance hacia una igualdad política real, los procesos experimentados a nivel
jurídico y social han permitido que las mujeres logren participar del poder político en igualdad de
condiciones, oportunidades y posibilidades. Otro aspecto clave que se puede señalar es, que
la igualdad política femenina no solo está asociada a procesos formales políticos y jurídicos,
sino que entran en juego dimensiones sociales y culturales que hacen contrapeso o que pueden
quedar rezagadas a los propios avances formales del orden jurídico.
La propia dinámica de los procesos sociales y la recreación cultural en relación a la transformación
de las estructuras de desigualdad relacionada con el género poseen sus propios ritmos, avances
y rezagos. De modo que los procesos políticos y jurídicos en materia de igualdad política
femenina no necesariamente evolucionan al mismo ritmo que los procesos sociales y culturales.
Ha sido la sociedad nicaragüense mediante la cultura, la que se ha encargado de resignicar su
propio imaginario social respecto a la mujer y su relación con el poder.
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