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Dra. Adriana Anacona
Adriana Anacona Muñoz
Participación de las
Mujeres Indígenas en la
Construcción de Políticas
Públicas en el marco de
la implementación de
los Acuerdos de Paz en
Colombia
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RESUMEN
Este texto quiere dar cuenta de la forma cómo en Colombia las mujeres in-
dígenas vienen contribuyendo a la construcción de la paz y los retos que se
tienen frente a la implementación de los Acuerdos de Paz establecidos entre
la Guerrilla de las FARC y el Gobierno colombiano. Se busca problematizar
tres asuntos que resultan de profunda preocupación: i) la forma cómo han
sido consideradas, valoradas y reconocidas las demandas del movimiento
indígena colombiano; ii) el desconocimiento de los retos en la participación
de las mujeres indígenas y iii) el poco diálogo teórico entre las perspectivas
de paz y el campo de las políticas públicas. La reexión que aquí se expone
es resultado del trabajo de investigación de tesis doctoral desarrollo a partir
de la participación activa y el diálogo plural que recupera el lugar de la enun-
ciación de mujeres indígenas yanaconas que en contexto de ciudad han
liderado procesos de toma de decisión en el campo de las políticas públicas.
ABSTRACT
This text wants to give an account of the way in which indigenous women
have contributed to the construction of peace and the challenges that have
to the implementation of the Peace Agreements established between the
FARC guerrilla and the Colombian Government. It seeks to problematize
three issues that are of deep concern: i) the way in which the demands of
the Colombian indigenous movement have been considered, valued and
recognized; (ii) ignorance of the challenges in the participation of indigenous
women; and (iii) the lack of theoretical dialogue between the perspectives
of peace and the eld of public policies. The reection presented here is
the result of the research work of doctoral thesis development from the
active participation and the plural dialogue that recovers the place of the
enunciation of indigenous women yanaconas that in the context of city have
led decision making processes in the eld of public policies.
PALABRAS CLAVE
Mujeres indígenas, empoderamiento,
construcción de paz, paz imperfecta,
políticas públicas, acuerdos de paz,
ciudadanía.
KEYWORDS
indigenous women, empowerment, peace
building, imperfect peace, public policies,
peace agreements, citizenship.
Participación de las Mujeres
Indígenas en la Construcción
de Políticas Públicas en el
marco de la implementación
de los Acuerdos de Paz en
Colombia
Recibido: 03 septiembre 2019
Aceptado: 05 noviembre 2019
Copyright © 2019 UNAN-Managua
Todos los DerechosReservados.
Participation of Indigenous
Women in the Construction of
Public Policies in the framework
of the implementation of the
Peace Accords in Colombia
Adriana Anacona Muñoz
Mujer Indígena del Pueblo Yanakuna de Colombia,
socióloga, magíster en Políticas Públicas de la
Universidad del Valle -Colombia, doctora en Historia y
Arte, experta en Gestión de la Paz y los Conictos de la
Universidad de Granada-España.
https://orcid.org/0000-0001-5946-7578
DOI: https://doi.org/10.5377/hcs.v0i14.9708
adriana.anacona00@usc.edu.co
adrianacona@gmail.com
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Dra. Adriana Anacona
Introducción
En Colombia la construcción de paz ha sido un proceso que no se reduce a los Acuerdos
recientemente rmados entre la guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas y Revolucionarias de
Colombia, en adelante) y el Gobierno Nacional, esto porque no solo existieron intentos previos con
este grupo revolucionario, sino que en más de 50 años de conicto armado i) se dieron otros procesos
de concertación y mediación de la guerra con grupos igualmente alzados en armas, por ejemplo,
el M-19 (Movimiento 19 de Abril). Y ii) han existido iniciativas y experiencias de organizaciones que
han trabajado en la construcción de paz en los territorios por parte de comunidades indígenas,
campesinas y de afrosdescendientes que en la actualidad es necesario visibilizar y aprender de
ellas. En este sentido, uno de los primeros retos que tiene la implementación de los Acuerdos
de Paz entre las FARC y el Gobierno Nacional es poder leer el contexto histórico territorial de
construcción de paz en donde han participado diferentes organizaciones en este caso de carácter
indígena.
De este modo, este texto pretende evidenciar que para la implementación de dichos acuerdos
es necesario reconocer las demandas que en términos de políticas públicas han existido en los
territorios, delimitando la actuación al Movimiento Indígena Colombiano, a partir de la discusión
que mujeres indígenas yanaconas en contexto de ciudad han manifestado, en tanto que para
ellas existe la preocupación de la forma cómo han sido consideradas, valoradas y reconocidas
las demandas del movimiento indígena colombiano; al tiempo que plantean que “al parecer en
Colombia hablar de nuestra participación es nueva” en este caso maniestan que existe un gran
“desconocimiento de los retos en la participación de las mujeres indígenas en la construcción
de estos acuerdos”; y el mismo ejercicio de investigación ha permitido evidenciar que es poco el
diálogo teórico entre las perspectivas de paz y el campo de las políticas públicas.
Por tanto, lo que aquí se expone es resultado de la reexión que se ha hecho en un proceso de
investigación de tesis doctoral que tiene como principio metodológico la participación activa y
el diálogo plural que recupera el lugar de la enunciación de mujeres indígenas yanaconas que en
contexto de ciudad han liderado procesos de toma de decisión en el campo de las políticas públicas,
en la medida que relatar que el empoderamiento ha implicado no sólo evidenciar sus distintas
formas de participación sino también narrar sus preocupaciones con relación a los compromisos
y retos históricos de carácter político, económico y social que se tienen hoy día en este país en
el marco de los Acuerdos de Paz, pues si bien han sido mujeres víctimas del conicto armado,
son lideresas de procesos que en contexto de ciudad buscan salvaguardar a sus comunidades
organizadas como cabildos
1
y pretenden que los esfuerzos que se han tenido en la lucha indígena
y como mujeres, tengan efectos para mejorar las condiciones de vida tanto de las poblaciones
indígenas que habitan en ciudad como aquellas que resisten en los territorios de origen.
Así, este texto se desarrolla en tres interrogantes que fueron planteados a las mujeres, en un
primer momento presenta la preocupación de estas mujeres indígenas en la denición de una ruta
metodológica que contribuya a la construcción de políticas públicas para la paz; en un segundo
momento se comparten algunos aspectos conceptuales que permiten dar sustento a las respuestas
que estás mujeres hacen, en un tercer momento, aunque durante todo el documento se han ido
presentado, en este se exponen los como retos la participación de las mujeres indígenas en la
construcción de políticas públicas con enfoque de paz en Colombia.
1
Cabildo: es una entidad pública especial, cuyos integrantes son miembros de una comunidad indígena, elegidos y reconocidos por ésta, con una organización sociopolítica
tradicional, cuya función es representar legalmente a la comunidad, ejercer la autoridad y realizar las actividades que le atribuyen las leyes, sus usos, costumbres y el
reglamento interno de cada comunidad. Ministerio del Interior. http://www.mininterior.gov.co/content/cabildo-indigena
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i) ¿Cuál es la ruta metodológica en la construcción de políticas públi-
cas en el marco de implementación de los Acuerdos de Paz?
La participación es uno de los principios de la Constitución Política Colombiana de 1991 y de los
Acuerdos de Paz establecidos entre las FARC y el Gobierno Nacional, esto implica reconocer la
voz y aprender a escuchar las demandas sociales y económicas que las comunidades indígenas,
campesinas y afrodescendientes han realizado en distintas épocas; porque no en vano se establece
que “la discusión sobre la satisfacción de los derechos de las víctimas de graves violaciones de
derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario con ocasión del conicto,
requiere necesariamente de la participación de las víctimas, por diferentes medios y en diferentes
momentos” (Acuerdos de Paz Farc- Gobierno Nacional, 2016).
Sin embargo, se presenta una amplia discusión respecto a cómo generar escenarios de participación,
pues existen problemas estructurales precisamente como consecuencia del conicto armado
que se debe considerar como fundamentales en la construcción e implementación de políticas
públicas. Uno de ellos es la deslegitimación del Estado y la Fuerza Pública en los territorios; dos,
la institucionalidad de la desigualdad en la práctica de focalización de políticas; tres, los altos
niveles de corrupción; cuatro, el desconocimiento de las demandas históricas de las comunidades,
y cinco, la violencia directa a líderes y lideresas de comunidades y organizaciones sociales que
actúan como defensores de derechos humanos en los territorios.
En este sentido, cuando las mujeres indígenas yanaconas son consultadas respecto a ¿cuál
consideran que debe ser la ruta metodológica en la construcción de políticas públicas en el marco
de implementación de los Acuerdos de Paz?.
Lo primero que cuestionan es que si en tiempo de guerra la participación estuvo mediada por
la presión e intimidación de los grupos armados, durante la implementación de los acuerdos la
intimidación no se reduce, se complejiza porque aparece un “doble discurso”, es decir, se busca
que la comunidad participe de forma consciente en el diseño e implementación de estas políticas,
pero se mantiene la “represión” a los líderes, lideresas y organizaciones indígenas que participan; al
respecto expresan que “ en tiempos de paz, la presión continúa, somos una amenaza en el territorio
para los planes de paz, pues en este país siempre ha sido y será difícil participar, y nosotros como
organización indígena y como mujeres también organizadas siempre hemos manifestado cuáles
son nuestros intereses en los cambios que buscamos o en la defensa de nuestros territorios y
comunidades” (Entrevista Grupal, Julio 4 de 2017).
Al parecer tener claridad respecto a lo que se demandan como víctimas del conicto contrario
a brindarles un lugar privilegiado como personas expertas a ser consultadas en los territorios
(municipios) los pone en riesgo de violencia directa, pues para algunos sectores políticos
y económicos se convierte en una amenaza la postura y la acción de defensa y reparación de
derechos que realizan. Es preciso decir, que desde octubre del 2016 -cuando fueron rmados los
acuerdos- a octubre de 2017 de las más de 120 personas asesinadas seis de ellas son indígenas y
sus denuncias poco o nada se sabe, más allá de sus propios medios alternativos de comunicación
indígena como los de la Asociación de Cabildo del Norte del Cauca (ACIN) (https://nasaacin.org/)
2
.
2
"En los últimos 14 meses (la Defensoría del Pueblo) tiene una cifra de 120 homicidios en defensores de derechos humanos y líderes sociales, además de 33 atentados y
27 agresiones a este mismo grupo poblacional"… Entre las víctimas mortales de los primeros seis meses del año figuran seis indígenas, cinco líderes comunales, cuatro
afrocolombianos, cuatro campesinos, un desplazado y un miembro de la comunidad LGBTI, entre otros. tomado de https://www.msn.com/es-xl/noticias/otras/violencia-en-
colombia-en-14-meses-fueron-asesinados-120-defensores-de-derechos-humanos/ar-AAnLPAA
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Sin desconocer que durante la elaboración de este artículo, fueron asesinadas seis personas en
Tumaco – Nariño y una comunicadora indígena Egenia Vásquez por la fuerza pública (SMAD).
Situaciones que dejan en evidencia que lo que estas mujeres dicen acerca del “doble discurso”
(promover la participación y la violencia directa no se reduce) es uno de los aspectos que se deben
superar en la implementación del acuerdo de paz.
Lo segundo que plantean es que la postura respecto a la forma cómo deben participar las
comunidades indígenas en la implementación de los Acuerdos de Paz o Acuerdo Final ha sido
clara y expuesta en distintos documentos como resultado del proceso político y organizativo
del Movimiento Indígena Colombiano, citan entonces las “Mingas de Pensamiento” en donde
colectivamente han hecho parte de la denición de lineamientos para políticas públicas, y exponen
que en todo momento debe existir la Consulta Previa y el Consentimiento Libre e Informado que se
propone en la Ley 21 de 1991 como raticación del Convenio 169 de 1989 de la OIT.
Para las mujeres indígenas yanaconas es claro que mucho antes de empezar los diálogos en
La Habana – Cuba, ya existían propuesta por parte de las organizaciones indígenas. Durante la
denición de los acuerdos se planteó que es fundamental garantizar y cumplir con los compromisos
que el gobierno ha realizado de acuerdo con las demandas realizadas, en esto citan el documento
de la Minga Social, Indígena y Popular: por la vida, el territorio, la autonomía y la soberanía (ONIC,
2013) rmado por todas las organizaciones indígenas colombianas, en este se establece que
estamos “preparados para retomar las propuestas estructurales que se habían quedado archivadas
en las ocinas de algunas entidades del Estado: derechos humanos, paz, territorio, autonomía e
identidad, seguían vigentes en nuestras agendas. Y en la nueva coyuntura, otros temas empezarán
a sumarse: los autos exigidos por la Corte Constitucional, seguimiento a la Sentencia T-025 de
2004, de especial connotación el Auto 004 de 2009”.
Para la implementación de los acuerdos se conformó la Comisión Étnica para la Paz y Defensa
de los Derechos Territoriales, haciendo énfasis en lo que implica la Jurisdicción Especial para la
Paz y el papel que tendrá la Jurisdicción Especial Indígena, “pues tenemos claro que no vamos a
renunciar a la competencia que tenemos… cumplir con los ocho principios de defensa de la vida
allí expuestos” (Entrevista Grupal, Julio 4 de 2017). En junio de este año, el Consejo Regional
Indígena del Cauca (CRIC, en adelante) entre el Gobierno Nacional en el Acto Legislativo 01 de
2017 establece respetar la Jurisdicción Especial Indígena en el marco de implementación de los
Acuerdos de Paz, esto implica una coordinación interjurisdiccional que debe ser considerada al
momento de tomar decisiones de carácter de políticas públicas.
Lo tercero es que se deben conocer las demandas históricas que como comunidades y pueblos
indígenas se han realizado en Colombia, en este país existen 102 pueblos indígenas reconocidos, de
los cuales 98 están en riesgo de exterminio (Auto 004 de 2009). El Movimiento Indígena Colombiano
ha sido de los que más tiene reconocimiento en América Latina por la resistencia en la defensa de
la tierra y el territorio y los logros normativos que posee, esto no signica que se hayan logrado
implementar, precisamente es parte de los retos que tiene los acuerdos de paz: reconocer las
demandas que a través de sus organizaciones representativas se ha realizado
3
.
Lo cuarto que plantean es que debe existir reconocimiento de los procesos de empoderamiento
político, las capacidades de resistencia, resilencia y reexistencia que han tenido las organizaciones
de mujeres, aquí hacen alusión a que las mujeres víctimas “hemos dado ejemplo en el país de
3
Por ejemplo el Consejo Regional Indígena del Cauca -CRIC, la Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC, la Confederación Indígena Tayrona -CIT, las Autoridades
Tradicionales Indígenas de Colombia – Gobierno Mayor, las Autoridades Indígenas de Colombia por la Pacha Mama – AICO y la Organización de los Pueblos Indígenas de la
Amazonía Colombiana – OPIAC, en cada una de ellas las mujeres ha participado y participan.
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que podemos construir la paz, que nos hemos recuperado de la violencia, que podemos generar
cambios” (Entrevista Grupal, Julio 4 de 2017). Consideran que en cada territorio debe existir su
prioridad, en el caso de Cali las mujeres indígenas han participado de los lineamientos de la política
pública para los seis cabildos (Inga, Nasa, Kofan, Yanacona, Quichua, Misak,), hacen parte de la
mesa municipal de mujeres, participan de los procesos promovidos por la administración municipal
a través de la Casa Matria.
En el caso del Cauca las mujeres lideran los procesos de defensa de derechos, entre ellas
mencionan a María Ovidia Palechor como defensora de derechos del CRIC, participan de las mesas
que están siendo promovidas en el departamento. En Bogotá se plantea ampliar los conocimientos
de las mujeres participantes en temas relacionados con los derechos humanos de las mujeres,
los enfoques de derechos de género y diferencial y la Política Pública de Mujeres y Equidad de
Género del Distrito Capital, en esto la coordinadora de la casa de Cabildos en Bogotá, Paulina
Majín considera que se tienen muchos retos para ella se trata “de vivir el proceso pues la única
forma de generar empoderamiento”.
A nivel nacional, se requiere de una normatividad que brinde mayor participación política de las
mujeres indígenas, es pertinente mencionar que las lideresas han realizado sus propias acciones al
interior de cada pueblo y en cada localidad.
Maniestan que es preciso soportar su participación en la construcción de paz, a través de
organizaciones como la Ruta Pacica de Mujeres, los contenidos de la Agenda Nacional de Paz
de los pueblos indígenas de Colombia auspiciada por la Organizaciones de Naciones Unidas, los
documentos de la Minga Social Indìgena y Campesina, resaltando lo enunciado en el Pronunciamiento
del Movimiento Indígena Colombiano por un frente amplio para la Paz de Colombia y del mismo
estudiar muy bien, el Capítulo étnico del Acuerdo de Paz entre las FARC y el Gobierno Nacional.
Del mismo modo, queda como preocupación las mujeres que sin educación, son invisibilizadas,
negando sus derechos y la marginalización social, por consiguiente, es urgente que las mujeres
indígenas “estemos informadas y conozcamos nuestros derechos y mecanismos de participación,
espacios de participación, formas, ayuda y aportes posibles de la justicia propia” (Entrevista Grupal,
Julio 4 de 2017).
Coinciden con lo establecido en el documento la Verdad de las Mujeres, insisten y plantean como
punto quinto que “las políticas públicas sobre las víctimas debe considerar las experiencias
organizativas y los liderazgos femeninos, tener en cuentas sus percepciones, conocimiento de
la realidad y conanza de las mujeres como energía de transformación (Ruta Pacíca de Mujeres,
2013.p. 97).
Creen que no existe una sola ruta metodológica, y que los “estudiosos deben ser muy creativos,
porque si no van a seguir con los mismos talleres a pretender hacer nuevos procesos” (Entrevista
Grupal, 2017), es decir, cuestionan que los expertos académicos o asesores de las administraciones
territoriales (alcaldías y departamentos) están llegando con las mismas metodologías a trabajar la
construcción de las políticas de los Acuerdos de Paz y que lo único nuevo es la noción de paz.
En esto hacen una crítica fuerte porque consideran que no se está innovando sino que se está
asumiendo las mismas dinámicas convencionales en construcción de políticas, desconociendo
no solo todo el colorario anterior sino también que la paz está siendo un “tema instrumental” y no
un“proceso en construcción”.
4
http://www.humanas.org.co/archivos/extra.pdf
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Dra. Adriana Anacona
ii) ¿Qué nociones o conceptos nos exige la construcción de políticas
públicas en el marco de implementación de los Acuerdos de Paz?
La pregunta que se hizo al grupo de mujeres indígenas yanacona no fue tan técnica como la de
este título, pero si se focalizó a identicar los conceptos o marcos de referencia que son necesarios
para denir las políticas públicas en la implementación de los Acuerdos de Paz, las preguntas
realizadas al respecto fueron: ¿Qué deben saber los profesionales que ayuden a las comunidades a
construir políticas para la implementación de los acuerdos?; ¿qué tenemos que aprender todos en
la construcción de la paz en Colombia?, ¿Cómo podemos compartir saberes entre comunidades
indígenas y universidades para construir políticas que den vida a los acuerdos?
La primera respuesta fue memoria histórica, los profesionales que apoyen la construcción de
políticas públicas en el marco de implementación de los Acuerdos de Paz tienen que tener una
lectura, comprensión y manejo de la historia de los territorios dónde esté desempeñando su labor,
y aquí es donde debe aplicar lo que la teoría denomina enfoque diferencial y territorial, y no basta
con que tenga muy buena formación teórica, debe tener una lectura comprensiva de lo que ha
ocurrido en cada territorio. Aquí las mujeres entrevistadas manifestaron que la educación tiene
un papel fundamental, no solo como se han planteado que es tener acceso desde las mujeres
víctimas, consideran que esto aunque es vital, no es lo único, pues se debe formar (orientar,
enseñar, educar) desde la básica primaria hasta las universidades, inclusive a nivel de posgrado,
porque “no siempre se conoce de la historia del país donde vives, hay profesionales que son muy
buenos, pero no tienen ni idea de lo que nos ha tocado vivir en el territorio” (Entrevista Grupal, Julio
4 de 2017). Contar la historia de lo que pasó es doloroso para todas las mujeres que participan en
esta investigación, aun así, consideran que deben existir “casas de pensamiento” para promover la
memoria de las víctimas para dialogar sobre lo que ha pasado y que no vuelva a ocurrir.
La memoria histórica puede ser considerada como tipo de narrativa de los sujetos sociales que
participan en un contexto determinado, quienes le atribuyen un peso a la identidad étnica y su
expresión política. Un “grupo étnico, aun concebido, según Barth, como la expresión de una red de
relaciones sociales y sus fronteras, más que como una entidad ja, necesita una memoria colectiva
tanto para asumirse frente a los demás como para llamarse y reconocerse a sí mismo. La identidad
étnica, por esencia de tipo relacional y oposicional (denición de un “nosotros” diferente y oponible
a los “otros”), requiere de un discurso basado en una experiencia compartida __real, inventada o
mítica__, puesta en palabras mediante el recurso a la memoria” (Hoffmann, O. 2000, p. 3).
En términos históricos y desde la hermenéutica se deben estudiar los documentos de carácter
de política o lineamientos de política pública que han propuesto los pueblos indígenas a través
de sus diferentes organizaciones, por ejemplo, los planes de vida, los planes de salvaguarda, los
documentos de las mingas de pensamiento, los maniestos. Del mismo modo, de acuerdo con cada
problema dar prioridad al equipamiento normativo con el que cuentan tanto desde la jurisdicción
especial indígena como de la normatividad nacional, esto para brindar de contexto y de soporte a
lo que se dena como políticas públicas.
Se debe aprender acerca de cómo se construyen políticas públicas, es muy valiosa la postura que
estas mujeres asumen, pues consideran que “todo se volvió política pública, entonces debemos
saber qué es eso, para que nadie resulte engañado” (Entrevista Grupal, julio 4 de 2017). Denir el
concepto de política pública parte de reconocer que no existe una única denición, un elemento
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principal es la existencia de la acción gubernamental, la presencia de otros elementos pueden
variar la perspectiva o mirada analítica que de una política pública pueda hacerse. Es notorio que
la acción gubernamental o presencia de las instituciones estatales es un elemento central para
poder denir una política pública, pero sin duda lo público, está más dado por la participación
del actor estatal que del actor social; sólo algunos autores, como es el caso de Guendel, Roth y
Nieto son los autores que maniestan de manera explícita la necesidad de que la PP sea producto
de una demanda social. Por su parte, Vargas Velásquez y Salazar dejan entrever la existencia
de problemáticas socialmente reconocidas, pero no formulan la necesidad de que sea una
demanda social. Los demás autores por su lado, se suscriben a deniciones que remiten al actor
gubernamental (Anacona, M. 2009, p.42).
Para el caso de esta investigación una “La política pública se reere a las decisiones que toma
un gobierno con el n de responder de diferente manera a los problemas y demandas de la
sociedad”, entendiendo dos niveles de demanda: el primero asociado a proceso explícitos de
participación ciudadana y solicitud de respuesta estatal; el segundo asociado a la participación
en la identicación de una problemática. Aunque ambos niveles tienen un signicado distinto de
participación ciudadana, contienen el actor social como sujeto importante en la denición de la
respuesta estatal. (Anacona, M. 2009. p. 43).
Coincidiendo con Andre Noê Roth (2003), existen algunos elementos centrales para identicar la
existencia de una política pública. Estos son: i). La presencia del Estado o entes gubernamentales:
su implicación como responsable para responder o propone. ii) La “percepción de problemas”:
como procesos de identicación de problemáticas susceptibles de intervenir con acciones. iii). La
“denición de objetivos y proceso”: o metas de cumplimiento, procesos que implica la toma de
decisiones, existencia y asignación de recursos, la generación de alianzas para muchos de los casos.
iv) La presencia del actor social: asumido en principio como un sujeto activo, no simplemente como
beneciario de la acción del Estado, sino como aquel que posee las capacidades para identicar,
demandar, proponer o discutir con los actores correspondientes del Estado.
En el caso de la implementación de los Acuerdos de Paz, la preocupación que aparece es que en
el último año (2016 a 2017), desde la academia, las organizaciones de tercer sector, el Estado y los
organismos de cooperación internacional han resultado incontables expertos en políticas públicas
y paz; sin embargo, cuando se indaga por la relación teórica entre las perspectivas de paz y las
políticas públicas no aparece literatura directa, reconociendo que se está empezando a escribir
al respecto. Lo preocupante es que se está cayendo en una dinámica de instrumentalización de
esta relación, es decir, del campo de las políticas públicas y de las perspectivas de paz, y se
coincide con las mujeres indígenas yanaconas entrevistadas cuando maniestan su preocupación
en reconocer que la paz está siendo más concebida como un tema y que como un proceso.
En este sentido, es preciso decir que, de acuerdo con Vincet Fisas (2010) la construcción de la
paz busca poner n a las violencias estructurales, que han dado origen al conicto armado, para
Galtung (1998 y 2003) la violencia estructural es, por ejemplo, la exclusión económica, política,
social y cultural, que priva de agua potable a las comunidades indígenas, o la precariedad de las
carreteras que tienen los territorios de origen, o la falta de infraestructura para la prestación de
servicios de salud o educación.
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Dra. Adriana Anacona
La violencia cultural es el racismo, discriminación y exclusión que para el caso de las comunidades
indígenas ha sido desde la época de la conquista. Y la violencia directa que es la física, por
ejemplo, homicidio, amenaza, desplazamiento, masacres, desaparición. Las mujeres indígenas
yanacona entrevistadas junto con sus familias han sido víctimas de todo tipo de violencia, de hecho
de acuerdo con el Auto 004 de 2009 todo el pueblo yanacona en Colombia ha sido declarado como
víctima colectiva, en este sentido no es extraño encontrar que varias de estas mujeres debieron
desplazarse a la ciudad para salvar a sus hijos e hijas o a ellas mismas de reclutamiento forzado.
Para Galtung la construcción de la paz está relacionada con la reducción de la violencia, se basan
en la reconciliación, en la limpieza del pasado, en la construcción de un futuro. La paz depende
entonces de la identicación del conicto subyacente, la búsqueda de soluciones en lugar de
participar de la guerra, la construcción la paz implica iniciar un diálogo sobre el conicto y en
la búsqueda conjunta de soluciones más que en los encuentros violentos (2014. p.16). Galtung
(1998) considera que el conicto es una interacción de tres elementos relacionados con cada tipo
de violencia: contradicción relacionada con la violencia cultural, actitudes y presunciones con la
violencia estructural y comportamiento relacionadas con la violencia directa.
Para Fisas la construcción de paz es un proceso que trasciende los acuerdos de paz y busca poner
n a la violencia a partir de un ejercicio colectivo, la construcción de la paz implicaría entonces una
“nueva etapa de progreso y desarrollo que permita superar igualmente las violencias estructurales
que propiciaron el surgimiento del conicto” (2010, p. 5).
Por eso, la formulación e implementación de las políticas públicas es una oportunidad que
Colombia tiene como salida pacíca y negociada por vías del diálogo al conicto armado desde
las comunidades históricamente marginadas, discriminadas, excluidas, que pasa por examinar
las particularidades de las regiones (Gonzáles, F., Guzmán, T., & Barrera, V., 2015); suplir las
necesidades básicas (Parra, 2016); busca la reparación Integral a las víctimas- (Alcaide, 2015),
el fortalecimiento del Estado – (Shinoda, 2009), denir fuertes estrategias y voluntad política de
las instituciones implicadas (Churruca, 2008), hace necesario que el Estado y la sociedad civil se
asocien (Carrión, 2012) y que la participación sea activa desde la ciudadanía y construir justicia
social desde la base, por tanto, es necesario comprender la paz como la garantía del bienestar por
parte del Estado (González, Herbolzheimer y Tathiana, 2010).
En este caso las mujeres reconocen que la paz es un compromiso para seguir generando formas de
mediación y transformación del conicto, lo que exige distinguir entre la paz positiva y paz negativa,
que establece Galtung, y la paz imperfecta propuesta por Francisco Muñoz.
La paz negativa es aquella que niega el conicto, pone énfasis en la ausencia de la guerra, de la
violencia directa (agresión física) y consiste en evitar los conictos armados. La paz positiva apela
a la justicia social y garantía de derechos fundamentales “supone un nivel reducido de violencia
directa y un nivel elevado de justicia”. La paz imperfecta reconoce la complejidad de los conictos,
problematiza la violencia estructural, favorece tener un diálogo entre la paz negativa y la paz
positiva, exige aprender los conictos para superarlos de forma pacíca y justa.
Para reconocer la participación de las mujeres indígenas yanaconas en construcción de políticas
públicas en el marco de los Acuerdos de Paz, es necesario expresar que se trata de mujeres
formadas y empoderadas como sujetas con derechos tanto colectivos (indígenas) como individuales
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(derechos occidental), por tanto, ellas mismas reeren que se debe trabajar más en empoderar a
los sujetos tanto individual como de forma colectiva para que puedan ejercer su ciudadanía en
este país, en esto se debe entender que el concepto de empoderamiento está inscrito en las
teorías de poder, en tanto que toda acción humana de relación social constituye un ejercicio de
poder. Tiene una fuerte relación con el concepto de opresión (la de unos sectores sobre otros).
El empoderamiento va a remitir a un proceso de concienciación y de una pedagogía especial a
través del cual los oprimidos lograrán el reconocimiento de determinada situación naturalizada y
legitimada hasta el momento. En consecuencia, la creación de un ‘ambiente propicio’ supone una
modicación de una institucionalidad dada (Muñoz y López, 2000). El empoderamiento pacista
es un saber-hacer transformador no violento, como toma de decisiones y con posibilidades de
incidencia en la realidad para revertir condiciones de violencia estructural, social, cultural, política,
de género, religiosa, o de cualquier otra índole” (Sandoval, 2015.p. 88).
Y la ciudadanía, aunque no existe un único concepto, aparece con frecuencia en tres ámbitos
de discusión: i. En el ámbito de la justicia, en el cual se discuten los principios de derechos que
permiten denir el estatus de ser ciudadano; ii el ámbito de la tensión entre “la identidad moral que
presupone el concepto de ciudadanía y las demandas en favor de la protección de las diferencias
nacionales y étnico-culturales que plantea la “política del reconocimiento”; y ii. En el ámbito de la
participación política, en el sentido de que la virtud cívica requiere el compromiso activo con los
derechos y las obligaciones políticos de los ciudadanos. (Gordon, L. y Fraser, N. 2008. p.4). Will
Kimlycka, maniesta que la ciudadanía es la forma a través de la cual las minorías y las mayorías
aseguran el acceso a los derechos fundamentales; siendo una condición que homogeniza y garantiza
la diversidad. Para este autor, la ciudadanía adquiriría el carácter de ciudadanía diferenciada en
función del grupo sin perder sus principios fundamentales de libertad e igualdad; permitiendo
el reconocimiento de los “derechos colectivos”, los cuales implican heterogeneidad, extensión y
complejidad. Los derechos colectivos, no deben existir en oposición de los derechos individuales
De este modo, no debe existir temor frente a la reivindicación de los derechos colectivos como
oposición de los derechos individuales considerando que “en una sociedad que reconoce los
derechos diferenciados en función del grupo, los miembros de determinados grupos se incorporan
a la comunidad política no sólo en calidad de individuos, sino también a través del grupo, y sus
derechos dependen, en parte, de su propia pertenencia de grupo”. (Kimlycka, 1996. p. 240)
iii) ¿Qué podemos concluir o dejar como discusión en la
construcción de políticas públicas con enfoque de paz en el marco de
la implementación del Acuerdo Final?
Desde la experiencia de mujeres indígenas yanaconas que han participado en la denición de
políticas públicas para sus comunidades en contexto de ciudad, existen varios retos, entre ellos,
conocer, estudiar y analizar las demandas que el Movimiento Indígena Colombiano ha realizado
en más de 46 años de resistencia, pues no solo se debe suscribir al acuerdo de paz actual, sino a
las demandas que han venido formulando para garantizar sus derechos de forma colectiva como
pueblos indígenas. Lo que también hace necesario que se conozcan las demandas propias de cada
territorio como la lucha nacional e internacional, en tanto que “la lucha de los pueblos indígenas
por la defensa y el reconocimiento de sus derechos han sido persistentes en la historia. Este
prolongado proceso de reivindicación y reconocimiento se ha plasmado en las últimas décadas
en un marco de derechos que se fundamenta en dos grandes hitos: el Convenio sobre Pueblos
Indígenas y Tribales, 1989 (Núm. 169) de la OIT, que reconoce por primera vez sus derechos
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Dra. Adriana Anacona
colectivos, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
(2007), que plantea el derecho de dichos pueblos a la libre determinación” (Del Popolo, F., Jaspers,
D. & CEPAL. 2014. p.15) .
En la historia de las comunidades y pueblos indígenas, las mujeres han cumplido un papel
fundamental, esto exige que se reconozcan los aportes que realizan en la construcción de la paz.
En la participación de las mujeres indígenas se debe brindar especial interés a su capacidad de
afrontar el conicto, recuperarse y generar acciones transformadoras, por tanto, la construcción
de políticas públicas debe tener en cuenta las experiencias y liderazgos femeninos desde sus
comunidades y organizaciones. Es urgente que las mujeres indígenas “estemos informadas y
conozcamos nuestros derechos y mecanismos de participación, espacios de participación, formas
ayuda y aportes posibles de la justica propia
La participación política de las mujeres indígenas ha sido priorizada por ONU Mujeres para
seguir contribuyendo a la reducción de brechas entre hombres y mujeres. Organizaciones como
el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe (FILAC) se
propone gestar iniciativas dirigidas a fortalecer el liderazgo y capacidad de gestión desarrolladas;
promover proyectos productivos de mujeres indígenas orientados al vivir bien apoyados técnica y
económicamente y brindar continuidad de los cursos de posgrado orientados al fortalecimiento del
liderazgo de las mujeres indígenas, y la profundización cualitativa de sus niveles de participación
en los foros.
Para la implementación de los acuerdos se debe superar el “doble discurso” del gobierno nacional
de promover la participación y la violencia directa no se reduce. Asociado a la participacion dentro
de la implementación de los Acuerdos de Paz se encuentra la deslegitimación del Estado y la fuerza
pública en los territorios, la institucionalidad de la desigualdad en la práctica de focalización de
políticas, los altos niveles de corrupción, el desconocimiento de las demandas históricas de las
comunidades y la violencia directa a líderes y lideresas de comunidades y organizaciones sociales
que actúan como defensores de derechos humanos en los territorios.
.
Se debe generar un diálogo teórico entre las perspectivas de paz y el campo de las políticas públicas
para contribuir con mayores aportes a la construcción de la paz en Colombia. Esto implica rechazar
la instrumentalización que de la paz se está haciendo en el mercado y consultoría de las políticas
públicas. Del mismo modo, exige generar nuevos recursos metodológicos y ampliación del análisis
que permita fortalecer la discusión conceptual de la implementación de los Acuerdos de Paz.
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Adriana Anacona Muñoz
Mujer Indígena del Pueblo Yanakuna de Colombia,
socióloga, magíster en Políticas Públicas de la
Universidad del Valle -Colombia, doctora en Historia y
Arte, experta en Gestión de la Paz y los Conictos de la
Universidad de Granada-España.
https://orcid.org/0000-0001-5946-7578
adriana.anacona00@usc.edu.co
adrianacona@gmail.com
