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Frontera Agrícola, Movimientos campesinos ,... Uwe Paul Cruz
Revista Nicaragüense de Antropología Año 3 No.6 | 2019 Julio - Diciembre
Pueblo, cultura e identidad
Portada: Reforma agraria en
Nicaragua.
Foto: Internet
Frontera Agrícola,
Movimientos campesinos
y Pueblos Indígenas
del norte de Nicaragua
(1980-2019)
“De los milpas y chilotes a los auto-convocados”
Uwe Paul Cruz Olivas
Historiador y Arqueólogo
Fundación Científica Cultural Ulúa Matagalpa
ID Orcid: https://orcid.org/0000-0001-9925-1640
uwepaulcruz@gmail.com
Resumen
En el presente artículo analizare los movimientos campesinos e indígenas de los municipios de Wiwili
y Bocay en los últimos 40 años, las fuentes fueron obtenidas a través de cinco años de intenso estudio
arqueológico, histórico, lingüístico, antropológico y sociológico en el departamento de Jinotega. Se
trabajó con documentación histórica de los municipios en mención, se implementaron los métodos y
técnicas etnográficas y etnológicas para el registro de testimonios de líderes comunitarios que formaron
parte de la contrarrevolución y el Ejército Popular Sandinista (1981-1990). El énfasis esta puesto en
los cambios históricos y estratégicos que vienen sufriendo los campesinos e indígenas desde los años de
la guerra de1980, su transformación en la lucha por el acceso a la tierra en la década de 1990, hasta
la creación de las regiones especiales llamadas Wangki Wihta Bukawas ubicados en el área núcleo de
la Reserva de la Biosfera de Bosawas y compuesta por tres territorios miskitus como son: Miskitu Kipla
Sait Tasbaika, Miskitu Indian Tasbaika Kum y Miskitu Lilamni Tasbaika Kum y un territorio Mayangna
Sauni Bu, todos conocidos como Gobierno Territorial Indígena (GTI) restituido por el actual gobierno
sandinista en el año 2008. En el departamento encontramos una dinámica multicultural poca estudi-
ada por los antropólogos nicaragüenses, particularmente en los municipios de Wiwili y Bocay regiones
severamente afectada y devastada por los intensos combates que se desarrollaron en dicho territorio,
desde la gesta libertaria de Augusto C. Sandino hasta la guerra de 1980 y durante la posguerra.
Palabras claves: Conflicto Armado, Movimientos Campesinos, Frontera Agrícola y Pueblos Indígenas en
el norte de Jinotega.
Abstract
In this article I will analyze the peasant and indigenous movements of the municipalities of Wiwili
and Bocay in the last 40 years, the sources were obtained through five years of intense archaeological,
historical, linguistic, anthropological and sociological study in the department of Jinotega. We worked
with historical documentation of the municipalities in question, the ethnographic and ethnological
methods and techniques were implemented for the registration of testimonies of community leaders
who were part of the counterrevolution and the Sandinista Popular Army (1981-1990). The empha-
sis is placed on the historical and strategic changes that peasants and indigenous people have been
suffering since the 1980s, their transformation in the struggle for access to land in the 1990s, until
Frontera Agrícola, Movimientos campesinos y Pueblos Indí-
genas del norte de Nicaragua (1980-2019)
“De los milpas y chilotes a los auto-convocados”
Agricultural Frontier, Peasant Movements and Indigenous Peoples of
Northern Nicaragua (1980-2019) “De los milpas y chilotes a los auto-convocados”
Recibido: 17-09-2019
Aceptado: 17-09-2019
Copyright © 2019 UNAN-Managua
Todos los Derechos Reservados.
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the creation of special regions called Wangki Wihta Bukawas located in the core area of the Bosawas Bio-
sphere Reserve and composed of three Miskitus territories such as: Miskitu Kipla Sait Tasbaika, Miskitu
Indian Tasbaika Kum and Miskitu Lilamni Tasbaika Kum and a Mayangna Sauni Bu territory, all known
as Government Indigenous Territorial (GTI) restored by the current Sandinista government in 2008. In
the department we find a multicultural dynamic little studied by Nicaraguan anthropologists, particularly
in the municipalities of Wiwili and Bocay regions severely affected and devastated by the intense fighting
that developed in that territory, from the libertarian deed of Augusto C. Sandino hast to the war of 1980
and during the postwar period.
Keywords: Armed Conflict, Peasant Movements, Agricultural Frontier and Indigenous Peoples in northern
Jinotega
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Introducción
La historia de Nicaragua es compleja y con-
tradictoria hasta cierto punto, como sabemos,
el Frente Sandinista de Liberación Nacional
(FSLN) fue la organización guerrillera que llego
al poder político del país. A raíz del derrocami-
ento de una de las dictaduras familiar más san-
grientas y genocida de América Latina, la que
contaba con el amplio apoyo del gobierno de los
EEUU desde mediados del siglo XX. Con el triun-
fo de la revolución nicaragüense, fue el segundo
revés geopolítico que sufriría el imperialismo
norteamericano en su mal llamado “patio tra-
sero” o República Bananera de Centroamérica.
La Revolución Popular Sandinista empezó el
19 de julio de 1979, fecha histórica celebrada
por cientos de miles de nicaragüenses, unifi-
cados bajo los principios revolucionarios del
anti imperialismo, anti-intervencionismo y los
valores culturales propios de nuestra cultu-
ra política. Principios sociales heredados de
la gesta heroica del General Augusto Nicolás
Calderón Sandino quien fue traicionado, tor-
turado y asesinado por la Guardia Nacional
luego de haber pactado los acuerdos de paz,
más importantes de la historia Nicaragua. Den-
tro de las prioridades de la naciente revolución
estaba: erradicar el analfabetismo, desconocer
los tratados “Chamorro-Bryan”, mejorar el ac-
ceso a la tierra a través de confiscación de las
propiedades de las familias burguesas y oligar-
cas afines a la dictadura somocista, para redis-
tribuirlas a los campesinos y obreros sin tierras.
Las primeras medidas tuvieron como objetivos
erradicar el analfabetismo en toda Nicaragua,
la segunda tuvo un sentido geopolítico al de-
sconocer un tratado político con los EEUU que
le prohíbe al país la construcción de un ca-
nal interoceánico en un periodo de 100 años
y la tercera medida estaba orientada a los
grandes terratenientes vinculados a la famil-
ia Somoza, quienes controlaban una quinta
parte de las tierras cultivables principalmente
en la zona del pacifico y centro norte de Nic-
aragua (Close, 2005, p. 44). Particularmente,
estas fueron las bases del reparto agrario
sandinista para la organización estatal de la
producción y la reorganización de las activ-
idades económicas a través de las coopera-
tivas campesinas, las cuales en su mayoría se
encontraban en los territorios de las comuni-
dades indígenas del pacifico centro y norte.
La implementación de la reforma agraria du-
rante el periodo revolucionario amplio el acce-
so a la tierra a los campesinos e indígenas em-
pobrecidos en los departamentos de Matagalpa
y Jinotega, por el sistema agroexportador del
régimen somocista. Con la implementación de
las innovaciones agrarias la revolución sand-
inista en los primeros años mejoro el sistema
de crédito y democratizó la distribución de
tierras. Sin embargo, para 1981 se formó en
la zona fronteriza con Honduras la agrupación
de mercenarios y ex guardias somocistas au-
todenominados “Los Milpas ” con 600 hombres
que rechazaban la victoria popular de las mili-
cias sandinistas. Estos paramilitares armados
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contaron con el apoyo logístico y financiero
de la agencia de inteligencia CIA de los EEUU,
quienes desde territorio hondureño venían real-
izando trabajos subversivos, hasta el nacimiento
del “FDN ” y llegar a fundar a la contrarrevolu-
ción la que para 1986 llego a tener 17,032, y en
1987, un año después de la reforma agraria ya
sumaban 17,500 hombres en armas en la Con-
tra (Morales, 1989; Núñez y Cardenal, 1992).
Así fue que Ronal Reagan les imponía un em-
bargo comercial y una guerra de más de nueve
años a los nicaragüenses, con el claro objetivo
de desgastar a la población civil, ejército y las
milicias revolucionarias para exterminar de
una vez por toda con el “comunismo” en Cen-
troamérica. El gobierno sandinista en medio de
la desgastante guerra y bloqueo instauró una
serie de políticas de comercialización y distri-
bución de los productos agrícolas, regulando los
precios de los granos para tener control de los
principales granos básicos que se producía en
el país, a través de la Empresa Nacional de Ali-
mentos Básicos (ENABAS). Las medidas fueron
tomadas bajo un contexto de guerra impuesta
que de cierta manera atentaba contra los com-
erciantes e intermediarios acostumbrados a
especular con el valor agregado de los produc-
tos agrícolas. Sin embargo, la revolución nica-
ragüense en medio de sus aciertos y desaciertos
estableció los nuevos principios y reglamentos
de la nueva institucionalidad del país, con-
struyendo un nuevo estado soberano y promul-
go una nueva constitución en 1987 definiendo
la autonomía de la Costa Caribe nicaragüense.
Discusión y análisis
Pese a las dificultades que atravesaba la revolución
nicaragüense la implementación de la reforma agraria
fue uno de los grandes logros, como la lucha contra el
analfabetismo, la educación bilingüe para el Caribe y
la documentación de las lenguas Rama, Ulwa, Miski-
tu y Mayangna con el reconocimiento de sus territorios
ancestrales y cosmovisión. Según un estudio del Banco
Mundial citado por ACNUR:
Las políticas de reforma agraria iniciadas en 1980
han sido exitosas ya que logro invertir el patrón de
tenencia de la tierra de los años setenta, haciéndolo
uno de los sistemas más equitativos en toda América
Latina, en el cual el 75% de la tierra de uso agrícola
pertenecía a pequeños y medianos productores (AC-
NUR, 1991, p.17).
Las políticas de reforma agraria iniciadas en 1980 han
sido exitosas ya que logro invertir el patrón de tenencia
de la tierra de los años setenta, haciéndolo uno de los
sistemas más equitativos en toda América Latina, en el
cual el 75% de la tierra de uso agrícola pertenecía a pe-
queños y medianos productores (ACNUR, 1991, p.17).
Yo me movilizaba con el comandante Tigrillo y
Rubén, con el fundamos los Chilotes tiernos, las
principales rutas que utilizamos fueron La Pita del
Carmen, Pantasma, La gusanera, El Caño de la Cruz,
La Marañosa hasta el rio Coco. Teníamos orientac-
iones claras de buscar armas, conseguir pertrechos
militares, avituallamientos, red de colaboradores y
no permitimos que los alfabetizadores llegaran a las
comunidades donde patrullábamos y le dábamos
persecución a las casas de habitación que alojaban
a los jóvenes. En varias zonas tuvimos conflictos o
tiroteos como en una finca en el Caño de la Cruz
(2018).
Así fue que en varias ocasiones la contrarrevolución
imponía miedo y no respeto entre los campesinos e in-
dígenas del norte de Jinotega, pese a dicha realidad,
entre chantajes y voluntad las las del FDN se seguía
alimentando de campesinos que en muchos casos no
sabían porque en realidad luchaban. Para 1981 el
gobierno sandinista enfrentaba ataques de los con-
trarrevolucionarios desde la región nor-oriental del
departamento de Jinotega, el que se convirtió en un
escenario principal de los conictos armados. El FSLN,
con el n de evitar que estas comunidades pudieran
servir de apoyo logístico para los contrarrevolucion-
arios y no afectar a poblaciones indígenas en los con-
ictos, decidió evacuar a más de 8,500 personas de
las comunidades del Rio Coco y Bocay y ubicarlos en
asentamientos improvisados, garantizando condiciones
para que las familias se incorporasen en la producción
agrícola y pecuaria. Para el caso especíco de Ulu-
askin en Wiwili y Amak, se desplazaron a la población
a los departa- mentos de Jinotega y Matagalpa
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principalmente. Las comunidades de rio Coco abajo,
serían ubicadas en lo que fue conocido como Tasba
Pri (Tierra Libre). La operación de desalojo no fue
anunciada públicamente para no alertar a las fuerzas
contrarrevolucionarias, por lo que la población de las
comunidades fue avisada con poca anticipación. En
las comunidades, se cortaron los árboles frutales y se
mató parte del ganado para asegurar que los Contras
no pudieran hacer uso de estos. Uno de los hechos en
el inicio del desplazamiento que afectó a la población,
fue el trágico accidente de un helicóptero por desper-
fectos mecánicos, que transportaba a mujeres y niños
desde la comunidad de San Andrés a la Comunidad
de Ayapal. Este incidente se cobró la vida de 75 niños
y niñas, juntos con ocho mujeres adultas.
La Navidad Roja fue punto de mira mediático y se acusó
al Frente Sandinista de violar los derechos humanos de
la población mískitu. Hubo serios desacuerdos y cruce
de acusaciones con el movimiento indígena de Costa
Caribe en aquella época denominado MISURASATA.
Posteriormente la Organización de Estados Amer-
icanos reconoció el esfuerzo del Gobierno en ga-
rantizar condiciones para la población traslada.
La Comisión reconoce los esfuerzos del Gobier-
no de Nicaragua en suministrar servicios en ma-
teria de sanidad, educación, y bienestar tanto en
los nuevos asentamientos como en las aldeas del
norte del Departamento de Zelaya habitadas por
mískitus (aunque, hasta ahora, no ha podido su-
perar los relativos a suministrar una adecuada
alimentación). Con todo, la Comisión conside-
ra que todavía los mayores obstáculos que con-
fronta la población miskitu se deben a su falta
de participación en las decisiones que las afect-
an, resultado a la vez de la recíproca desconan-
za que existe entre esa población y el Gobierno,
todo lo cual contribuye a acentuar las tensiones
y dicultades existentes (CIDH-OEA, 1983).
La guerra poco a poco iba desgastando la frágil
economía agroexportadora de Nicaragua y golpeando
contundentemente a los civiles por el racionamiento de
los alimentos, escases de utensilios personales, como
pasta, máquinas de afeitar y otros productos importa-
dos, mientras se racionaba el arroz, aceite y azúcar.
Los Contras en su mayoría eran campesinos de la fron-
tera agrícola, en algunos casos familias productoras
que dependían del mercado internacional para vend-
er sus productos, pero al mismo tiempo, producían
todos sus alimentos para la subsistencia y el exceden-
te usado para la venta al mercado, así formaron co-
munidades con cierta movilidad económica y social,
con mínima relación con el Estado, tal es el caso de la
comarca Runin en Bocay, donde el líder comunitario
José Sixto González Hernández (2015) quien dijo que:
Yo fui comando de la contra, mi
alias era “Rafael”, así me conocen
aquí. Anduve en las tropas de varios
comandantes entre ellos, el difun-
to comandante “Masaya” y “Tiro al
Blanco”, “Tigrillo”, con “Solín Chele”,
“inventarios”, “Iván Perdido” y “Di-
mas”. Recuerdo las operaciones de
Bocay de 1987, fueron operaciones
que hicimos viniendo de Honduras
cuando atacamos el 1º de junio al
EPS. Al mando veníamos de los co-
mandantes “Toño” y “Gato 31”, éramos una tropa
de 800 hombres en una fuerza que se denomi-
naba Juan Castro en honor a un caído. En esos
combates me pegaron un tiro en el pie derecho
y herido puede salir hasta Honduras, ahora esta-
mos en paz y defendemos esta paz (Rizo, 2015).
En Runin el espectro de la guerra se puede percibir
en las evidencias de sus montañas, donde todavía se
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pueden encontrar antiguas cantimploras y latas de
sardinas que fueron utilizadas por las columnas del
extinto EPS, la comarca fue uno de los antiguos ref-
ugios primordiales para la Contras donde fácilmente
podían continuar con su ruta hacia el norte en direc-
ción a la comunidad de Olaskin, Olaskinon y llegar
así al territorio indígena de Uluaskin, donde según
líder indígena Ambrosio Ocampo (2018) dice que:
Nuestros líderes no hablaban muy bien el hispai
o español y por nuestros años de abandono de
nuestros territorios no conocíamos muy bien lo
que pasaba en Managua y menos luego cuando
nos invadieron los rearmados, quienes venían
exigiendo tierras, mujeres y apoyo militar para
derrocar el comunismo sandinista (2018).
Entre 1987 y 1988 el gobierno revolucionario im-
plementó el Plan de Ajuste que residió en una
reforma monetaria, que consistía en devaluar el
córdoba respecto al dólar en una relación del 80 a
1, esta difícil situación aumento el descontento de
un amplio sector de la población campesina y urba-
na quienes históricamente han tenido dependencia
y seguridad en la primera moneda de intercambio
internacional. Pero no doblegaba a los sandinis-
tas revolucionarios, que mantuvieron un gobierno
bajo un embargo económico, carencias de produc-
tos y una alta inación de una economía de guer-
ra. Las medidas del Plan Ajuste consistieron en
ajuste salarial, centralismo político, reestructuración
económica, crediticia, renegociación de las deudas
bancarías, la liberalización de los precios y salarios,
reducción en el presupuesto de salud y educación.
Para 1989 el empleo público disminuyó, afectando a
50, 000 mil personas, mientras la tasa de desempleo
rondaba el 28% (Vilas, 1993). Las carencias y diculta-
des de los nicaragüenses se sentían en las necesidades
básicas de subsistencia, tras décadas de dependencia
comercial con los EEUU, quien termina imponiendo
un embargo económico desde 1983 y una guerra al
país, que le costó más de 50, 000 vidas humanas y
más de 16, 000 víctimas de guerra de ambos bandos.
Para las elecciones de 1990 la crisis económica y
política en el país era muy profunda a causa de la
imposición bélica, con la victoria electoral de Viole-
ta Barrios de Chamorro los movilizados campesinos
de la Contra se lanzarían sobre los territorios de las
comunidades indígenas desalojadas por el conicto
armado, de esta manera muchas familias campes-
inas se asentaron en las antiguas aldeas indígenas
asentadas en las riveras del rio Ayapal y Runin.
Según Rizo (2004) el sujeto de la frontera agrícola
tiene como origen un campesinado antiguo genera-
cional que en tiempos atrás fueron familias indígenas
desplazadas por otros blancos y con el tiempo y la
presión de la modernidad intento desaparecer por arte
de magia, esas identidades culturales subsisten hasta
la actualidad. Así mismo, el denominado campesino
de la frontera agrícola es un sujeto social con una iden-
tidad cultural propia, enriquecida con el mito domi-
nante del Estado Nación, que se impone a las otras
formas de organización social y cultural de la tierra.
Así fue que cuando los pueblos indígenas Miskitu y
Mayangna retornaron a sus antiguos territorios an-
cestrales, se van a encontrar con el otro, es decir el
campesino de la frontera agrícola que se asentó en
las antiguas aldeas indígenas. Cercando su “propie-
dad privada” la cual el decidió hasta donde y como
seria, así nació el conicto ya no armado, pero si
político e ideológico donde el mestizo es el herede-
ro de la cultura Nacional nicaragüense, impone
un modelo de producción capitalista y neoliberal.
El gobierno de Chamorro anunció una propuesta de
ley relativa a la revisión de las conscaciones sandini-
stas, buscando beneciar a todas las familias vincula-
das a los Somoza y aceptores burgueses que se vieron
afectados durante el gobierno revolucionario. En los
hechos se trató de la primera contra reforma agraria
de corte netamente neoliberal que se desarrollaría en
el país, otra transformación fue la libertad comercial
para los campesinos y productores para que ellos de-
cidieron a quien venderle sus productos, al mismo
tiempo, se privatizaron todas las empresas del Estado
heredadas del gobierno revolucionario (INCEP, 1994).
Eliminando las políticas de control estatal y de
carácter distributivo e impone el libre mercado en
un sentido neoliberal globalizado, lo que incluía
las empresas nacionales y los intentos por destru-
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ir el sandinismo desde todos los focos y campos
ideológico, esto provoco una división entre los di-
rigentes y comandantes de la revolución quienes
muchos optaron por formar el Movimiento Renova-
dor Sandinista (MRS) hasta instaurar una democ-
racia desigual netamente procedimental y electoral.
Como muestra del beneplácito el gobierno de los
EEUU aprobó inmediatamente un paquete de ayu-
da económico de 300$ millones de dólares, mismos
que fueron condicionados por los norteamericanos
al realizar un desembolso de 147$ millones, esta
acción complico más al gobierno neoliberal, pues
era en los meses donde más se necesitaban fondos
para la reducción del Ejército Popular Sandinista
(EPS) y al Ministerio del Interior (MINT) al que se le
obligó a retirar a una buena parte de sus miembros,
por el otro lado, se desmovilizando a 22, 413 com-
batientes de la Contrarrevolución (UNO,1990 p.8).
Mismos que fueron patrocinados por las agencias
de seguridad de los EEUU que operaban ilegalmente
el conicto armado desde territorio hondureño.
Así mismo, los EEUU impuso a la Comisión In-
ternacional de Apoyo y Vericación de la Organ-
ización de Estados Americanos (CIAV-OEA) quien
debía de administrar los 300 millones de dólares
otorgados en préstamos de los cuales, sólo un
10% se destinó a la desmovilización de los Con-
tras y los restantes 90% iban destinados al gobier-
no neoliberal de Violeta Barrios de Chamorro.
Para 1990 existían 60, 000 demandantes de tierras
y más 2,000, 000 millones de familias campesinas e
indígenas afectadas por el problema de la propiedad,
además de más de 6,000 mil ex propietarios que ex-
igían la devolución de las tierras conscadas por la
revolución sandinista. Así fue que el gobierno neolib-
eral vendió las Corporaciones Nacionales del Sector
Publico (CORNAP), como un mecanismo de privat-
ización y devolución de las propiedades del Área de
Propiedad del Pueblo (APP), que representaba para
1990 aproximadamente el 40% del producto Interno
Bruto (PIB) de Nicaragua y empleaba a más de 78,
000 trabajadores, sin embargo, el gobierno neoliberal
no le interesaba el pueblo empobrecido y no tardo en
desmembrar y privatizar las tierras a benecios de los
mismos grupos de poder excluyentes (Rueda, 2019).
Al mismo tiempo, el gobierno condonaría de manera
ilegal la deuda de 16, 000,000 millones de dólares que
el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) de la Haya
en Holanda falló a favor de Nicaragua, responsabili-
zando a los EEUU de violar el derecho internacion-
al al apoyar a la oposición armada y ser el principal
promotor de la guerra en el país. Sin embargo, con la
condonación ilícita de la deuda histórica, las clases
políticas tradicionales de familias liberales y conserva-
doras, oligarcas y burgueses se repartieron jugosos
prestamos económicos y rápidamente se volvieron a
enriquecer a merced de las inmensas mayorías de nic-
aragüenses empobrecidas en el campo y las ciudades.
Con el mismo entreguismo político, gobernarían Nic-
aragua en medio de las adversidades económicas y
sociales en una sociedad que venía de derrocar una
de las dictaduras familiares más sangrientas y gen-
ocidas de Latinoamérica apoyadas por Washington,
sumándole una guerra contrarrevolucionaria de
más de nueve años apoyada y nanciada por el mis-
mo imperio. Así fue, que la clase política tradicion-
al empujarían a millones de obreros, campesinos e
indígenas a la miseria y pobreza extrema, sin men-
cionar los miles de personas lisiadas y víctimas de
guerra que nunca fueron atendidos por el gobierno
y menos que tuvieran los benecios de la supuesta
ayuda “humanitaria” norteamericana que tampo-
co llegó a los campesinos e indígenas de la Contra.
Así fue que el Estado nicaragüense dejaría de ser el
principal empleador en el país y se convertiría en
el principal consumidor de los contribuyentes, para
1990 proporciono a penas 285, 000 empleos y al nal
del gobierno de Violeta Barrios de Chamorro en 1996
alcanzaría tan sólo 77,000 (Monroy, 2001). Al mismo
tiempo, el gobierno de transición promovió las im-
portaciones, las disminuciones de los aranceles, la lib-
ertad cambiaria, la eliminación de subsidios para las
clases pobres, pero no para la burguesía y oligarquía
quienes pagarían ridículas tasas de impuesto en las
importaciones de autos y otros artículos, además de
las exoneraciones, los créditos y las tasas bajas de in-
terés, disminuirían el papel del Estado en la economía
nacional y privatizarán sus activos a corporaciones in-
ternacionales, sociedades anónimas y grupos de pod-
er tradicional, pasando a ser el sector privado el único
motor de la incipiente economía nacional (Arancibia,
1993). De esta manera, la legislación nicaragüense
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aprobaría la inversión extranjera instaurando las maq-
uilas y las zonas francas, donde la explotación capitalis-
ta se intensicaba, sin embargo, la necesidad del pueb-
lo forzó a miles de mujeres y madres solteras a buscar
empleos con salarios jos. Con la implementación del
neoliberalismo nunca se llegó a cumplir las prome-
sas electorales que llevaron al poder político a Violeta
Barrios de Chamorro, pues la recuperación económica
de Nicaragua nunca llegó y a partir de 1990 a 1992
la combinación criminal del desempleo, subempleo y
la pobreza extrema cubrió a más de dos tercios de la
población económicamente activa (Vilas, 1994, p.260).
Durante los años de posguerra, los ricos disminuían
en número y aumentaban en riquezas, mientras los
pobres aumentaban en número y disminuían en ri-
quezas, increíblemente la población empobreció más
rápidamente, incluso más que durante los duros años
de la guerra impuesta por EEUU. La única diferencia
muy marcada estaba en el discurso de la “democracia”
desigual promovida por el gobierno neoliberal (Rue-
da, 2019). Las respuestas populares contra las políti-
cas neoliberales de Barrios no se hicieron esperar y
cientos de personas empezaron a organizar independ-
ientemente o dentro del FSLN para crear los primer-
os “tranques” termino popular para referirse al cierre
de las principales vías de comunicación, una estrate-
gia urbana nueva en el país que resultaba más dañina
para la economía frágil y condicionada de Nicaragua.
Los tranques fueron organizados en buena manera por
los sandinistas quienes se encontraban completamente
en desacuerdo con las políticas neoliberales de Violeta
Barrios de Chamorro quien no sólo había condonado
ilegalmente una deuda de más de 16, 000,000 millones
de dólares, sino que acepto una ayuda condicionada de
EEUU que el pueblo nunca recibió por la amplia cor-
rupción del gobierno neoliberal. A estas acciones le
siguieron múltiples huelgas sindicales entre ellos los
gremios de maestros y enfermeras, además de huelgas
de hambres de militares retirados y las constantes lu-
chas estudiantiles de más de dos meses de huelga en
1992 contra los recortes inconstitucionales del presu-
puesto Universitario conocido popularmente como el
6%. Para septiembre de 1993 tuvo lugar el paro na-
cional de trasportistas que paralizó al país por varios
días, estos tranques desestabilizaban la macro y micro
economía, bajo este contexto el gobierno neoliberal
desesperado trato de obtener fondos frescos, a través
de la venta de empresas y propiedades estatales de la
CORNAP, desmantelando gran parte de los bienes que
tenía el Estado. Al mismo tiempo, los políticos le apos-
taron al crecimiento agrícola y ganadero del país con la
venta de las propiedades y de empresas estatales, pues
la tierra podía entregársele a los ex comandos para hac-
erlas producir y con ello se dinamizaría la economía
nacional y abastecería el mercado interno y externo.
Omitiendo el complejo problema de la propiedad
privada, pues a la fecha ya habían más de 6,000 reclam-
os que exigían la restitución de las propiedades cons-
cadas a las familias afectadas (Enríquez, 1993). Dentro
las contradicciones generales estaban más de 800 somo-
cistas empecinados en destruir al FSLN, revertir las tras-
formaciones agrarias y urbanas contra 30,000 familias
beneciadas, entre ellas tenemos 120,000 mil favore-
cidas por la reforma agraria y más de 60,000 desmo-
vilizados de la Contra, cuyo nombre ocial después de
la guerra fue (RN). Además, de los retirados del EPS y
trabajadores participantes del proceso de privatización,
se hacían unos 2,000,000 millones de personas involu-
cradas en los problemas de titulación, es decir casi de
la mitad de la población nicaragüense (Rueda, 2019).
A partir de la venta ilícita de las propiedades, empresas
del estado y la institucionalización del neoliberalismo
aparece un nuevo actor social sediento de tierras ac-
tas para el cultivo y bajo costos, este sujeto serán los
extranjeros inversionistas quienes fueron benecia-
dos con las concesiones extractivitas. Como la licen-
cia a la empresa minera norteamericana “Gold Nep-
tune Company” a quien se le concedió explotar las
regiones auríferas más importantes del caribe norte.
Al mismo tiempo, se le otorgo a “Atlantic Timbres Co-
orporation” (ATMICO) unas 8, 333 hectáreas de bos-
ques vírgenes en el caribe sur y posteriormente le cedi-
eron 55,000 hectáreas de selva tropical húmeda para
la explotación de recursos madereros, sin la indem-
nización del Estado y menos de las comunidades del
caribe sur. Según don Victorino Benavidez (2016)
líder campesino de la comarca de Runin, dice que:
A nosotros los fundadores de la Contra en Bocay
Jinotega, el gobierno de doña Violeta Barrios de Cham-
Raíces
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Frontera Agrícola, Movimientos campesinos ,... Uwe Paul Cruz
Revista Nicaragüense de Antropología Año 3 No.6 | 2019 Julio - Diciembre
orro no nos entregó lo que prometió, ni tierras, ni
semillas, ni viviendas, ni animales y menos her-
ramientas para el trabajo de la agricultura (2016)
El testimonio del líder es contundente cuando hab-
la indignado sobre las promesas no cumplidas por la
administración de Barrios, quien lo dejo en la eterna
espera, dejando así a miles de familias campesinas
indefensas y condenadas a la pobreza extrema has-
ta nuestros días. Según Ruedas (2019) eran alrede-
dor de 22, 413 comando de la (RN), más 72, 000
del EPS y unos 5, 100 del MINT, la mayoría de los
Contra querían regresar al campo, pero no tuvieron
los apoyos sucientes por parte de los EEUU quien
una vez entregada las armas corto todo apoyo o -
nanciamiento a los campesinos (p.10). Bajo este
contexto fue que los excombatientes del norte de
Jinotega tuvieron como única solución otra vez
el rearme campesino ante las políticas neoliber-
ales del gobierno de Violeta Barrios de Chamorro.
Reclamando tierras para 5,000 desmovilizados y co-
laboradores de la Resistencia Nicaragüense, los cuales
ya no era útil a las políticas hegemónicas del imperi-
alismo norteamericano y menos para la clase política
criolla del país. De esta manera fue que empezaron
a invadir los campesinos de la frontera agrícola la
reserva natural Bosawas alternando las relaciones so-
ciales con los pueblos indígenas Miskitu y Mayangnas
quienes fueron reubicados en sus antiguos pueblos.
Durante los primeros años de la posguerra, la amplia
demanda de la tierra demostró la falta de planicación
del gobierno para atender a este sector fundamental
de la sociedad nicaragüense, así ante la imposibilidad
de entregar las regiones tradicionales de Matagalpa
y Jinotega de producción, se promovió el avance
de la frontera agrícola a las regiones más lejanas
como el caso de las comunidades indígenas de Wiwi-
li, Bocay y otras regiones del Caribe nicaragüense.
Los ataques a ncas ganaderas y cafetaleras no se
hacían esperar en los municipios de Wiwili y Bocay,
luego fueron los poblados, los pequeños centros de
policía y los puestos de mandos del ejército, cierre de
carreteras, tomas de iglesias entre ellas la catedral de
Managua y hasta la sede de diplomática de la Organ-
ización de Estados Americanos (OEA), la CIAV-OEA,
la embajada venezolana, la colombiana e incluso
la de Nicaragua en Costa Rica. Particularmente los
municipios del norte de Jinotega seguían siendo los
escenarios más crudos de revueltas de campesinos e
indígenas. Para complicar más el asunto, el gobier-
no neoliberal decidió en 1993 rmar un acuerdo
entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacion-
al (FMI), las que incluyó nuevas políticas restricti-
vas o, mejor dicho, un nuevo paquetazo neoliberal.
Según Ruedas (2019) para 1994 el 66% de los nic-
aragüenses estaban en desempleo y un 53% esta-
ba fuera del mercado de trabajo, sumado a que no
había recursos para la inserción de excombatientes
de ambos lados, el país se encontraba sumido en la
pobreza extrema y las desigualdades sociales y políti-
cas se hacían sentir, este hecho convirtió a Nicaragua
en el segundo país más pobre del hemisferio, mien-
tras el gobierno presumía de haber cumplido con
todos sus compromisos internacionales para optar
al préstamo. Mientras esto ocurría en Managua el
ejército informó que entre enero y septiembre había
consignado 583 actividades relacionadas con el re-
arme en los municipios del norte de Jinotega, las es-
tadísticas eran aterradoras puesto que habían más de
50 asesinatos a familias campesinas e indígenas, 45
secuestros, 48 asaltos en las carreteras, 31 incendio
de vehículos, 92 combates entre los rearmados y la
fuerza del orden público que dejaron saldos de 66
muertos, 75 heridos y 5 capturados. Además, se logró
desarticular en combate a 85 bandas y se desmovi-
lizaron 5 agrupaciones de rearmadas Miskitu (p. 11).
En 1995 la Policía Nacional había investigado 48,737
delitos, si nos ponemos a comparar con los delitos
ocurridos en 1985 en el fragor de la guerra habían
sido 15,189, en pocas palabras podemos armar
que durante la posguerra fue en muchos sentidos
tan violenta como la guerra de 1980. Para el 20 de
enero de 1992 y febrero de 1995, por medio de la
Brigada Especial de Desarme (BED), desmovilizó
a 131 grupos y 24, 419 hombres (Arévalo, 2007).
El rearme fue el resultado de un proceso organizativo
de un sector importante de excombatientes de ori-
gen indígena y campesinos mestizos que ejercieron
presión por medio de las armas para presionar entre-
gar tierras, sin embargo, durante los primeros años de
la posguerra la gran cantidad de demanda por el ac-
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Revista Nicaragüense de Antropología Año 3 No.6 | 2019 Julio - Diciembre
ceso a la tierra demostró la incapacidad del entonces
gobierno de resolver sus promesas. Como resultado de
lo narrado, en el corto y mediano plazo, en los munici-
pios de Wiwili y Bocay las principales zonas de bosque
se fueron convirtiendo en áreas de agricultura descon-
trolada y no organizada, los campesinos se fueron ex-
tendiendo en detrimento del medio ambiente, empu-
jando cada vez más a las profundidades de la montaña
a los indígenas Mayangna y Miskitu quienes no luch-
aban por un parcela de tierra de cultivo, sino por la
reivindicación histórica de sus territorios ancestrales.
No obstante, paralelamente a la lucha de reivindi-
cación territorial indígena en las regiones del alto y
bajo Wangki, hay que sumarle las fuertes presiones
de los campesinos rearmados de la frontera agríco-
la de los municipios de Wiwili y Bocay para obtener
tierras legales. A pesar de la lucha justa por conseguir
un título real, el gobierno de turno se dedicó a desle-
gitimizar la lucha, por el interés de conceder conce-
siones mineras a empresas norteamericanas. Estas ac-
ciones provocaron el surgimiento nuevas batallas del
campesinado e indígenas sin tierra contra las políticas
extractivita neoliberales del gobierno de Barrios de
Chamorro, naciendo nuevos movimientos sociales pro
ambientales, tanto en el campo como en la ciudad.
Los últimos años de la administración de Violeta Barri-
os de Chamorro fueron los más críticos para los camp-
esinos e indígenas quienes no sabían realmente lo que
estaba pasando en el país y menos porque el gobierno
nunca cumplió con sus promesas electorales. Lo cierto
del asunto, es que los paquetazos neoliberales nun-
ca fueron las mejores acciones políticas y económicas
para el pueblo empobrecido de Nicaragua, si para las
corporaciones norteamericanas y el COSEP quienes
continuaron defendiendo aún gobierno que velaba por
los intereses de las minorías elitistas. Mientras contin-
uaba empobreciendo a millones de ciudadanos en el
campo y la ciudad, sin mencionar que las familias vícti-
mas de la guerra eran objeto de desprecio social por la
burguesía, las elites gobernantes y por el mismo EEUU
quien sólo utilizó a los Contra como carne de cañón.
Conclusión
La frontera agrícola, los movimientos campesinos e in-
dígenas del norte de Nicaragua sigue siendo un tema
de interés nacional, debido a que en los primeros 20
años se ha demostrado que la rebeldía sigue siendo
uno de sus principales elementos, como el profundo
deseo de autonomía no solo del mercado, sino del ac-
ceso a la tierra, es ahí uno de los principales choques
con los grupos indígenas protectores de los recursos
naturales de sus tierras. Así en los años noventa ve-
mos que los campesinos exigían promesas nunca cum-
plidas por los gobiernos neoliberales privatizadores
de la salud, educación y de las Corporaciones Nacion-
ales del Sector Publico CORNAP, como un mecanismo
de privatización y devolución de las propiedades del
Área de Propiedad del Pueblo (APP), que representa-
ba para 1990 aproximadamente el 40% del producto
Interno Bruto (PIB) de Nicaragua y empleaba a más
de 78, 000 trabajadores, sin embargo, el gobierno ne-
oliberal no le interesaba el pueblo empobrecido y no
tardo en desmembrar y privatizar las tierras a ben-
ecios de los mismos grupos de poder excluyentes.
Bajo este contexto se crearon los rearmados y los
recontra contras para presionar de algún modo a
los gobiernos de turno, sin embargo, estos fueron
ignorados por completo por el gobierno neoliberal
de doña Violeta Barrios de Chamorro dejaría de ser
el principal empleador en el país y se convertiría en
el principal consumidor de los contribuyentes, para
1990 proporciono a penas 285, 000 empleos y al -
nal del gobierno de Violeta Barrios de Chamorro en
1996 alcanzaría tan sólo 77,000. Al mismo tiempo,
el gobierno de transición promovió las importac-
iones, las disminuciones de los aranceles, la libertad
cambiaria, la eliminación de subsidios para las clas-
es pobres, pero no para la burguesía y oligarquía
quienes pagarían ridículas tasas de impuesto en las
importaciones de autos y otros artículos, además de
las exoneraciones, los créditos y las tasas bajas de in-
terés, disminuirían el papel del Estado en la economía
nacional y privatizarán sus activos a corporaciones
internacionales, sociedades anónimas y grupos de
poder tradicional, pasando a ser el sector privado
el único motor de la incipiente economía nacional.
Raíces
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Frontera Agrícola, Movimientos campesinos ,... Uwe Paul Cruz
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Licenciado en Historia con mención en arqueología. Máster en Antropología y Liderazgo Social. Presidente
de la Fundación Científica Cultural Ulúa Matagalpa y Asesor cultural del Pueblo Indígena Matagalpa. Se ha
desempeñado como investigador de la Fundación Ulúa Matagalpa, además de fungir como asesor cultural
del Pueblo Indígena Matagalpa. Docente Horario de la UNAN FAREN Matagalpa.
