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COMPROMISO SOCIAL. Revista de la UNAN-Managua, Extensión Universitaria,
N° 5, Año 03. Vol 1 Ene-Jun. 2021.
Resumen
Los problemas que afrontan las personas con
discapacidad han sido considerados, a nivel
internacional, como temas de mayor atención en
los últimos tiempos. Las instituciones de educación
superior, especialmente las de carácter público, han de
tomar beligerancia en asumir estos desafíos a través
de la función de Extensión, la cual debe convertirse
en herramienta clave para la visibilización de estos
problemas, especialmente con acciones formales
como protocolos, campañas de sensibilización, y
nalmente, la aprobación de políticas de extensión
universitaria, a n de generar propuestas sólidas
que puedan llegar a convertirse en políticas públicas
efectivas, que deban ser asumidas y promovidas por
los respectivos Estados.
Palabras claves
Extensión universitaria, políticas públicas, personas con
discapacidad, metodologías.
Summary
The problems faced by people with disabilities have
been considered, at the international level, as issues
of greater attention in recent times. Higher education
institutions, especially those of a public nature, must
be belligerent in assuming these challenges through
the Outreach function, which should become a key
tool for making these problems visible, especially
with formal actions such as protocols, campaigns
of awareness, and nally the approval of university
extension policies, in order to generate solid proposals
that can become eective public policies that must be
assumed and promoted by the respective States.
Keywords
University extension, public policies, people with
disabilities, methodology.
La Extensión Universitaria como
herramienta de generación
de políticas públicas para las
personas con discapacidad
La extensión universitaria como herramienta de generación de políticas públicas para
las personas con discapacidad
University Extension as a tool for generating public policies for people
with disabilities
©
Copyright 2021. Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua (UNAN-Managua)
Todos los derechos reservados
Fecha de recibido: 25/04/2021 Fecha de dictaminado: 31/05/2021
Odderey José Matus Gómez
https://orcid.org/0000-0003-0040-5190
odderey.matus@gmail.com
César Alejandro Otero Escorcia
https://orcid.org/0000-0001-9058-9434
birmaniazamora@gmail.com
Bertha María Conto Laínez
https://orcid.org/0000-0001-5148-7857
berthaconto@gmail.com
Birmania Zamora Arrechavala
https://orcid.org/0000-0002-5298-2240
otero.30@gmail.com
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COMPROMISO SOCIAL. Revista de la UNAN-Managua, Extensión Universitaria,
N° 5, Año 03. Vol 1 Ene-Jun. 2021.
Introducción
En el siguiente ensayo titulado “La Extensión
Universitaria como herramienta de generación de
políticas públicas para las personas con discapacidad”,
se pretende hacer una reexión en torno al papel que
debe jugar la extensión universitaria respecto a las
personas con discapacidad. Metodológicamente, para
este ensayo se ha empleado en primer lugar la técnica
de análisis documental. Esta técnica, incluye varias
etapas que son: el rastreo e inventario, clasicación
y selección de los documentos pertinentes para el
ensayo y al nalizar la lectura a profundidad de los
documentos utilizados. Como segunda, se ha aplicado
una breve encuesta, dirigida a una muestra intencional
de funcionarios de extensión de universidades
miembros del Consejo Nacional de Universidades
de Nicaragua (CNU), a la que respondieron siete de
diez seleccionados, a n de consultar sus “estados
de opinión o diversas cuestiones de hechos” (DRAE,
2021), sobre el tipo de discapacidades detectadas
en la comunidad educativa, estrategias de atención,
experiencias y sugerencias para atender la situación.
Este ensayo, es un fruto colectivo de trabajo nal del
Módulo V: “Políticas, Sistemas y Culturas Escolares”,
del Doctorado de Educación e Intervención Social
(quinta edición) de UNAN-Managua, el cual inicia con
una reexión sobre la atención internacional que ha
cobrado este tema en las últimas décadas desde el
escenario de las naciones unidas, a n de comprender
el fundamento en que se apoyan las principales leyes
que se han generado en el contexto nicaragüense
sobre el problema. Seguidamente, se delimita aún
más el discurso al exponer algunos referentes sobre el
abordaje del tema desde la educación superior nacional
y el aporte que esta tiene de frente al análisis que debe
realizar para la generación de política públicas.
Finalmente, se expone brevemente el sentido de la
extensión universitaria como herramienta que permita
visibilizar el problema, en función de generar políticas
públicas efectivas, aspecto en el cual se centra el objetivo
clave de esta reexión, así como las experiencias
acometidas por la Universidades del CNU en la
práctica. Se concluye con la presentación de algunas
ideas en torno a cómo se puede vincular la extensión
universitaria en el ejercicio analítico de políticas públicas
para atender a las personas con discapacidad, sobre la
base de las orientaciones generales que se han brindado
desde los foros internacionales y las experiencias locales
en nuestro país.
Reexión en torno a la extensión universitaria
y las personas con discapacidad
1. La personas con discapacidad como parte de la
agenda internacional
Una de las principales iniciativas que han centrado
su atención sobre las personas con discapacidad a
nivel mundial, es la Convención Internacional sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad,
promulgada por las Naciones Unidas el 13 de diciembre
de 2006, para promover, proteger y garantizar los
derechos humanos de las personas con discapacidad
y garantizar el goce pleno de igualdad ante la ley.
En el Arto 1 de la Declaración, los Estados rmantes
reconocen que:
Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que
tengan deciencias físicas, mentales, intelectuales
o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con
diversas barreras, puedan impedir su participación
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de
condiciones con las demás.
En dicha convención y su protocolo facultativo, se
arma que las personas con discapacidad deben
gozar de todos los derechos humanos y las libertades
fundamentales. También, incluyen un marco
referencial respecto a la promulgación, supervisión de
normas mínimas y directrices sobre la accesibilidad, el
desarrollo de instalaciones que eliminen las barreras de
movilidad, comunicación y libertad de las personas con
discapacidad, y que están directamente relacionadas
con el quehacer de los centros educativos, como
colegios y universidades, a los cuales estas personas
tienen el derecho a acceder. En su artículo 24, la
Convención reconoce el derecho a las personas con
discapacidad a la educación. Propone un sistema
educativo inclusivo a todos los niveles, así como la
enseñanza a lo largo de toda la vida. El desarrollo
pleno de las personas es el n último de la convención,
promoviendo habilidades para la vida y el desarrollo
social.
Otras iniciativas que incluyen el tema de las personas
con discapacidad, surgen en el año 2015, cuando los
líderes mundiales adoptaron nuevos objetivos globales
para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar
la prosperidad para todos: Los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), de la Agenda 2030. Dichos objetivos
proponen entre una diversidad de acciones, el evitar
la exclusión social de las personas con discapacidad y
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Bertha María Conto Laínez y Birmania Zamora Arrechavala
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asegurarles una vida digna y un empleo seguro. Entre
los ODS enfocados en el desarrollo de las personas con
discapacidad sobresalen los siguientes cinco:
• Objetivo 4: donde se propone el acceso igualitario
a todos los niveles de la enseñanza y la formación
profesional. Así como la creación o habilitación de
instalaciones educativas que tengan en cuenta las
necesidades de las personas con discapacidad.
• Objetivo 8: relacionados con el empleo pleno
y productivo y el trabajo decente para todas las
personas.
• Objetivo 10: sobre la inclusión social, económica y
política de todas las personas.
• Objetivo 11: señalando la necesidad de generar
un sistema de transporte seguro, asequibles,
accesibles y sostenibles para todos. El acceso
universal a zonas verdes y espacios públicos
seguros, inclusivos y accesibles.
• Objetivo 17: relacionado con el aumento de datos
oportunos, ables y de gran calidad desglosados
por discapacidad.
2. Marco legal de las personas con discapacidad en
Nicaragua
Respecto a la discapacidad, González (2012), plantea
que ha sido abordada desde diversos puntos de
vista, ordinariamente desde la perspectiva clínica de
rehabilitación y diagnóstico. Según la Organización
Mundial de la Salud -OMS- la población con
discapacidad en el mundo asciende a más de 650
millones de personas. Todas comparten un común
denominador: “siguen formando parte de los grupos
más marginados en todas las sociedades” (p. 12). Por
su parte, Nicaragua no está exenta de esta realidad.
Las personas con discapacidad de todas las edades
enfrentan serias limitaciones en el disfrute de sus
derechos humanos más fundamentales de educación,
salud, vivienda, trabajo digno, entre otras.
La Constitución Política de Nicaragua (CPN, 2014) es
el principal documento nacional en donde se protege
e informa sobre los derechos y obligaciones, también
en materia referida a los derechos de las PCD, pues
es necesario reconocer la obligación del Estado y de
la sociedad en el cumplimiento de los mismos. Los
principales artículos, hacen referencia a los programas
estatales para discapacitados víctimas de guerra (Arto.
56); a su protección, recuperación de su salud (Arto.
59) y la rehabilitación física, psicosocial, así como
profesional para su ubicación laboral (Arto. 62). Desde
la visión de Samaniego (2009), la CPN también alude a
la promoción de las PCD en cuanto a la Garantía de la
educación como derecho social (Arto. 58); La creación
de centros especícos (Arto. 76).
Por otra parte, en Nicaragua también se ha
perfeccionado el marco legal para las PCD, con la
creación, primero, de la Ley 202 de 1995 y su reglamento,
derogados luego por la Ley 763 de 2011 y su reglamento
de 2014. De acuerdo con Tobías (2013), esta nueva ley
llena vacíos en cuanto a: acceso a infraestructuras,
transporte, información y comunicación; Creación
de los derechos civiles y políticos; Restitución del
derecho a organizarse o participar en organizaciones
y asociaciones que les representen tanto nacional
como internacional; hincapié en el carácter coercitivo
de la ley de discapacidad; Creación de la secretaría
de promoción y articulación de los derechos de las
personas con discapacidad y el consejo de promoción
y aplicación de los derechos de las personas con
discapacidad como órganos de organización,
promoción, protección y aplicación de los derechos
de las personas con discapacidad. No obstante, urge
la aprobación de presupuesto para la aplicación de la
ley (p. 64).
3. La educación superior en Nicaragua y la generación
de políticas públicas
En este ensayo se plantea la importancia de la
denición de políticas de extensión e inclusión de las
PCD en las Instituciones de Educación Superior (IES).
Las políticas públicas deben de generar una acción de
cambio en el tiempo, con una visión a largo plazo donde
todos participen en el consenso de esta. Una política
pública debe denir las acciones de implementación
y la gestión eciente en su planicación y ejecución.
Velázquez (2009), señala que una Política Pública (PP)
es un proceso integrador de decisiones, acciones,
inacciones, acuerdos e instrumentos, encaminado
a solucionar o prevenir una situación denida como
problemática en un ambiente determinado del cual se
nutre y al cual pretende modicar o mantener (p.156).
Para que el sistema educativo nicaragüense pueda
hacer efectivas las políticas públicas cuenta con un
marco legal, basado en la Ley 89, Ley de las Instituciones
de Educación Superior (1990), Ley 582, Ley General de
Educación (2006), la Ley 704, Ley Creadora del Sistema
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Nacional para el Aseguramiento de la Calidad de
Educación Superior y Reguladora del Consejo Nacional
de Evaluación y Acreditación (2011). Sin embargo, sólo
la Ley General de Educación, en su Arto. 48, menciona
al Consejo Nacional de Rectores, como el órgano
encargado de políticas y quién será el responsable de
denirlas para la educación superior del país. Y en su
Arto. 49, a las universidades comunitarias de la Costa
Caribe, quienes “podrán acompañar a los Consejos
y Gobiernos Regionales Autónomos en el diseño e
implementación de las políticas públicas de educación.
Por otra parte, la misma Ley 582 establece en su Arto.
56 la Creación del Consejo Nacional de Educación y,
además, en el Arto. 59 (inciso d), menciona que es
parte de sus funciones la denición de las políticas
educativas nacionales.
Sobre la base de este marco legal, las universidades
públicas, en primer lugar, tienen la obligación de
generar políticas, para lo cual una de las estrategias
claves es la de la extensión universitaria. Para ello,
el Glosario de Educación Superior de Nicaragua
(CNEA, 2020), en su tercera edición, establece
las deniciones de Extensión social, proyección o
vinculación social, considerando la importancia de la
existencia y pertinencia de políticas institucionales que
la promuevan, los recursos, organización y capacidad
instalada, los resultados de los procesos desarrollados,
y los vínculos con la docencia e investigación. Siendo
el profesional o académico un Extensionista que
establece acciones de relación dialógica en el entorno
universitario y hacia la sociedad asumiendo actitud
de compromiso, responsabilidad y ética. Y la Política
institucional, entendida como orientaciones, directrices
y compromisos que rigen la actuación de la institución,
dirigida a promover las acciones estratégicas y cumplir
con las funciones, procedimientos y su respectivo
control en la Institución de Educación Superior.
4. La extensión universitaria y su papel de visibilizador
de problemas sociales
A pesar de que la universidad como institución ha
funcionado por unos 800 años, con sus inicios en
europeos en Bolonia, París y Oxford; y en el contexto
latinoamericano en 1538 que se funda la Universidad
Santo Domingo, en plena época de la conquista
y colonización española, el tema de la extensión
universitaria se remonta a la primera mitad del siglo
XIX, siendo Simón Rodríguez, maestro de Simón Bolívar
(el Libertador), quien empieza a utilizar el concepto
de extensión cultural, que luego se denominaría
extensión universitaria (Del Huerto Marimón, 2018,
p. 38) aunque, como lo señalan González y Gonzáles
(2018), los centros culturales y la divulgación de
ideales progresistas, así como la integración de cholos
y mestizos en las aulas aristocráticas, fue tildado de
aventurero y utópico (p. 77).
Es con la llamada Reforma universitaria de Córdoba
(Argentina), en el año 1918, cuando por vez primera
se emplea en Latinoamérica el término extensión
cultural universitaria como función consustancial
de la universidad (Del Huerto Marimón, 2018, p. 38).
El programa de esta reforma concibió la extensión
universitaria como “el fortalecimiento de la función
social de la Universidad, proyección al pueblo de la
cultura universitaria y preocupación por los problemas
nacionales” (Tünnerman, 2008, citado por Del
Huerto Marimón, 2018, p. 39) la universidad, empieza
entonces a comprenderse como institución a la que
puede acceder personas de distintos estratos sociales
y no solo ciertos privilegiados.
Denir qué es la extensión universitaria no es una
tarea sencilla, por lo que se precisa retomar elementos
conceptuales que en el tiempo han surgido (UNAN,
2018, p. 7-8), para poder identicar lo que ella signica,
comprendiéndola como:
• Coparticipación entre docentes y estudiantes
(Universidad Nacional de la Plata, Argentina, 1905)
• Incorporación del público en la obra docente de
la universidad (Universidad de Oviedo, 1917)
• Comunicación dialógica, garante de la pertinencia
y responsabilidad social (Freire, 1987)
• Función rectora en el vínculo entre universidad
y sociedad (Encuentro binacional de directores de
extensión, México, 1994)
• Proceso no formal de doble vía planicada de
acuerdo a intereses y necesidades de la sociedad
(Universidad Nacional de la Plata, Argentina, 2008)
• Función que orienta las líneas de investigación
y planes de enseñanza, generando compromiso
universitario (Universidad Nacional de la Plata,
Argentina, 2009)
• Actividades desarrolladas por la universidad en
pos de modicar la realidad social (Universidad
Nacional del Litoral y la ULEU, Argentina, 2011)
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• Proceso de interacción, intercambio y comunidad
(Universidad Federal de Santa Marta, Brasil, 2012)
• Responsabilidad social para extender su acción
educativa hacia la comunidad nacional y fortalecer
relaciones de cooperación e intercambio (UNAN,
2015)
• Aporte de la universidad a la sociedad cumpliendo
roles de formación continua de la propia comunidad
universitaria; de divulgación cientíca y de la
diversidad cultural; en la transformación social y
desarrollo comunitario; y en la transferencia
tecnológica con visión estratégica de desarrollo
(CNU, 2016)
De estos elementos se puede derivar una
conceptualización de la extensión como un proceso
universitario “tanto intramuros como extramuros”
(Matus, Federico, comunicación personal, 14 de
abril de 2021), donde uye el conocimiento entre la
universidad y la sociedad, en una relación dialógica
entre personas que se reconocen de forma igualitaria y
no discriminatoria, cuyos resultados enriquecen tanto
al desarrollo de la sociedad como de la mejora de las
funciones universitarias.
Aunque aún queda abierto el debate para aquellos
que ven la extensión como difusión de cultura o
conocimientos cientícos, y la visión de la misma como
extensión de servicios asistencias o académicos (Ruiz
Lugo, 1992, en Fresán Orozco, 2004, p. 48), no queda
duda que la extensión universitaria es una estrategia
excelente para poder comprender mejor los problemas
sociales y un instrumento posible que dé cauce a la
generación de políticas públicas.
Para que la universidad sea visibilizadora de los
problemas sociales, como el que acontece a las
personas con discapacidad; es decir, es preciso que
primero la universidad se haga visible a sí misma
a través de las actividades de extensión. Como
ejemplo, de la multiplicidad de modos y formas
que pueden revestir estas actividades, se tienen:
las investigaciones, las prácticas de familiarización,
especialización y profesionalización de las distintas
carreras; el voluntariado y servicio social comunitario;
los programas educativos en el campo y la empresa;
los programas ambientales, de salud, seguridad
alimentaria y nutrición; los proyectos educativos; los
programa de movilidad de docentes y estudiantes;
los programas Interuniversitarios, entre otras (UNAN,
2015, p. 9).
En este proceso de visibilización, Fresán Orozco (2004),
recuerda que la extensión universitaria aproxima
tanto a los miembros de la comunidad educativa
y los individuos y colectivos sociales en un camino
comunicativo (de doble vía), que permita identicar
con las necesidades sociales, se puedan hacer
propuestas de solución (p.52), y permita la formación
de individuos reexivos y comprometidos con una
sociedad menos injusta (p. 49), con la consecución de
condiciones más propicias.
5. Acciones acometidas desde la extensión en las
universidades del CNU
Según la consulta realizada en la encuesta empírica,
aportada por siete funcionarios extensionistas
representantes de las universidades miembros del
CNU, el 28% de estos señala, que las principales
discapacidades detectadas son de tipo auditivas y
motoras; un 22% visuales; 17% de tipo verbal, y 6%
de tipo múltiple. Por otra parte, se hizo consulta
sobre el tipo de iniciativas formales, en ejecución o
proyectadas, sobre protocolos de actuación, políticas
de extensión y campañas de sensibilización, a n de
atender la situación de personas con discapacidad en
estas universidades; el siguiente gráco muestra el
estado de estas actividades.
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Según se observa, aún la mitad de las universidades
no cuenta con protocolos de actuación, con el n de
atender a sus miembros con discapacidad. Menos
de la mitad aún no cuenta con políticas de extensión
aprobadas, en las que se considere este tipo de
situación. Y poco más de la mitad de universidades
ha realizado algunas campañas de sensibilización en
torno a las personas con discapacidad de la comunidad
educativa.
Dentro de las experiencias relatadas por los
extensionistas se destaca mencionar experiencias
particulares sobre la inclusión de temas de discapacidad
auditiva y visual dentro del currículum de algunas
carreras; la creación de vídeos sobre la discapacidad,
encuentros bilaterales con los estudiantes en condición
de discapacidad, para conocer sus necesidades de
movilización y su gestión educativa; la sistematización
de la experiencia de inclusión socioeducativa de los
estudiantes en condición de discapacidad; o la creación
de una Norma Técnica Obligatoria de Accesibilidad,
su instrumentación y una cartilla ilustrada para su
divulgación popular.
Finalmente, los extensionistas recomiendan prestar
atención a tres elementos cruciales, en torno a la
discapacidad: a) La capacitación y sensibilización
de la comunidad universitaria. b) Las mejoras en
infraestructura que facilite el acceso al campus
universitario. c) Destinar recursos económicos y
humanos para la atención y medidas compensatorias
para estos grupos tradicionalmente excluidos,
segregados o inadvertidos.
Cruz, G. (2011). Programa Educativo “Cátedra de
la Tierra Dr. Gonzalo Cruz Calderón”. Tegucigalpa,
M.D.C.: Departamento de Ciencias Naturales, UPNFM.
Defensoría del Público de Servicios de Comunicación
Audiovisual: https://defensadelpublico.gob.ar/
reflexiones-sobre-vejez-y-envejecimiento-en-
los-medios-audiovisuales-junto-a-estudiantes-
secundarios/ y https://defensadelpublico.gob.ar/
tratamiento-responsable-sobre-las-personas-mayores-
en-los-medios-audiovisuales/
Frávega, Adriana; Mársico Virginia. Representaciones
y prácticas de recepción de las personas mayores
frente a los discursos sociales en el marco de la
Ley de Medios argentina. http://sedici.unlp.edu.ar/
handle/10915/44862.
Puca Molina, R. (2016). Los Adultos Mayores de Santa
Cruz van a la Universidad. Extensión En Red, (7), 309-
316. Recuperado a partir de https://perio.unlp.edu.ar/
ojs/index.php/extensionenred/article/view/3370.
Ministerio de Comunicaciones. “Comunicación y
envejecimiento. Ideas para una política”. Dirección
de Comunicación Social. Centro de Psicología
Gerontológica – CEPSIGER. Bogotá, D. C., Colombia,
julio 2002.
Gráco 1. Acciones formales de atención a personas con discapacidad en universidades del CNU. Datos obtenidos de la consulta a extensionistas.
Pág. 25-31
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Conclusiones
El tema de los derechos de las personas con
discapacidad se ha convertido en uno de los grandes
enfoques que a nivel internacional se ha promovido
en los últimos tiempos. Sin embargo, el avance en esta
materia, especícamente en los centros de educación
superior es todavía incipiente. Se requiere que las
universidades tomen mayores iniciativas, siendo la
función de la Extensión un espacio privilegiado, tanto
para visibilizar el problema, como para actuar sobre él.
No obstante, para que ello sea efectivo, se precisa
la formalización de políticas de extensión que
regulen y normen las prácticas, a n de sistematizar
los problemas, pasando de un ejercicio de simple
voluntariedad, al desarrollo sistematizado de acciones
sólidas que contribuyan a la generación de propuestas
que puedan convertirse en políticas públicas en las
agendas de los Estados. Y como ejemplo de algunas de
las iniciativas, que deben formar parte primero de las
políticas institucionales de la universidad, se pueden
proponer las siguientes:
• Sensibilización y divulgación acerca de la
discapacidad a los miembros de la comunidad
universitaria.
• Acceso de una educación de calidad a los
miembros de la comunidad universitaria con
discapacidad.
• Creación de espacios físicos apropiados para los
estudiantes con discapacidad.
• Promoción de investigaciones en torno a la
discapacidad.
• Creación de indicadores de evaluación para la
incorporación de personas con discapacidad a la
educación superior.
• Denición de políticas que normen las actividades
de extensión en las universidades, que le den un
carácter más formal.
Referencias bibliográcas
• Constitución Política de Nicaragua (CPN 2014).
Texto con reformas incorporadas a 2014.
(Nicaragua)
• Convención internacional sobre los derechos de
las personas con discapacidad, del 13 de diciembre
de 2006. Consultado el 20 de abril de 2021.
Recuperado de https://www.un.org/esa/socdev/
enable/documents/tccconvs.pdf
• Del Huerto Marimón, María Elena (2018). La
Reforma universitaria de Córdoba: pionera en el
legado latinoamericano de universidad popular.
Revista Cubana de Educación Superior. (1) 37-47,
consultado el 12 de abril de 2021. Recuperado de:
http://scielo.sld.cu/pdf/rces/v37n1/rces03118.pdf
• Fresán Orozco, Magdalena (abril 2004). La
extensión universitaria y la Universidad Pública.
Reencuentro. (39) 47-54. Consultado el 12 de abril
de 2021. Recuperado de: https://www.redalyc.org/
pdf/340/34003906.pdf
• González Sobalvarro, Julia (2012) Compilación
de la legislación nicaragüense, en el tema de
discapacidad. (Tesis nivel técnico). Escuela de
Ciencias Psicológicas, Guatemala, Guatemala.
(Inédito). Consultado el 10 de abril de 2021,
recuperado de: http://www.repositorio.usac.edu.
gt/12273/1/13%20EE%20%28147%29.pdf
• González, Gil y González, Mercedes (2018). A
propósito de la Reforma de Córdoba: aproximación
al origen y evolución de la extensión universitaria
en América Latina y Cuba. Revista Cubana de
Educación Superior. (1) 37-47, consultado el 12 de
abril de 2021. Recuperado de: http://scielo.sld.cu/
pdf/rces/v37n1/rces06118.pdf
• Ley 202 de 1995. Ley de prevención, rehabilitación
y equiparación de oportunidades para las personas
con discapacidad. 23 de Agosto de 1995
• Ley 582 de 2006. Ley General de Educación. 22 de
marzo del 2006.
• Ley 704 de 2011. Ley Creadora del Sistema Nacional
para el Aseguramiento de la Calidad de Educación
Superior y Reguladora del Consejo Nacional de
Evaluación y Acreditación. 2 de septiembre del
2011.
La extensión universitaria como herramienta de generación de políticas públicas para
las personas con discapacidad
Pág. 25-31
32
compromiso social
COMPROMISO SOCIAL. Revista de la UNAN-Managua, Extensión Universitaria,
N° 5, Año 03. Vol 1 Ene-Jun. 2021.
• Ley 763 de 2011. Ley de los derechos de las
personas con discapacidad. 13 de abril del 2011.
• Ley 89 de 1990. Ley de las Instituciones de
Educación Superior. 5 de abril de 1990.
• Naciones Unidas. Objetivos de Desarrollo
Sostenible. Consultado el 20 de abril de
2020. Recuperado de: https://www.un.org/
sustainabledevelopment/es/objetivos-de-
desarrollo-sostenible/
• Real Academia Española. Diccionario de la lengua
española, 23ª ed., Consultada el 13 de mayo 2021.
[versión 23.4 en línea]. https://dle.rae.es
• Reglamento a la ley de los derechos de las
personas con discapacidad. 26 Febrero del 2014.
Decreto 11-2014.
• Samaniego de García, P. S. (Dir.) (2009). Personas
con discapacidad y acceso a servicios educativos
en Latinoamérica. Ecuador: Grupo Editorial Cinca.
https://sid-inico.usal.es/idocs/F8/FDO20981/
cermi_39.pdf
• Tobías Molina, Glenda (2013). Análisis comparativo
de la Ley 202, Ley de Prevención, Rehabilitación y
Equiparación de Oportunidades para las personas
con Discapacidad en Nicaragua y Ley 763, ley de
los Derechos de las Personas con discapacidad
en Nicaragua. (Monografía). Universidad
Centroamericana-UCA. Managua, Nicaragua.
• Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua –
UNAN (2018). Política de extensión y proyección
universitaria 2017-2019 con su reforma. Dirección
de Extensión Universitaria. Managua, Nicaragua.
Recuperado de. https://direx.unan.edu.ni/
wp-content/uploads/2020/11/POLITICA-DE-
EXTENSIÓN-Y-PROYECCIÓN-UNIVERSITARIA-2017-
2019-CON-SU-REFORMA.pdf
• Velásquez Gavilanes, Raúl (2009). Hacia una
nueva denición del concepto “política pública”.
Desafíos. (20) 149-187
Odderey José Matus Gómez, César Alejandro Otero Escorcia,
Bertha María Conto Laínez y Birmania Zamora Arrechavala