119
compromiso social
COMPROMISO SOCIAL. Revista de la UNAN-Managua, Extensión Universitaria,
N° 3, Año 02. Vol 1 Ene-Jun. 2020.
tecnología como para impulsar la modernización
agroalimentaria y lo que hacía falta era investigación
adaptativa y difusión entre los agricultores. A partir
de esta idea, la mayor parte de los países encararon la
creación de institutos públicos de investigación semi-
autónomos, algunos de los cuales recibie-ron también
la responsabilidad de la extensión.
Los objetivos básicos de esta aproximación eran
resolver los problemas tecnológicos de la produc-
ción primaria y promover la adopción de nuevas
tecnologías. Las etapas post-cosecha y agroindus-
trialización no eran percibidas como de alta prioridad
y, en los casos donde recibía algún trata-miento, era
dentro de estructuras organizativas separadas.4 Así
y todo, estas instituciones han sido el centro de las
capacidades de innovación de los países de la región, y
en sus primeras décadas de existencia desempeñaron
papeles centrales en las transformaciones tecnológicas
del sector.
Más recientemente, sin embargo, han perdido mucho
de ese rol y se han ido transformando, crecientemente,
en instituciones focalizadas en la problemática de la
pobreza y el desarrollo rural, en la que la tecnología
es solo uno de los instrumentos de intervención del
Estado. Esta orientación pone en duda su valor en
cuanto a sus posibles contribuciones en el complejo
mun-do tecnológico que se aproxima (Trigo et al. 2013).
De algunos análisis disponibles acerca de la situación
actual en lo que hace a nanciamiento de la I&D
agropecuaria y la performance en algunos sectores
estratégicos, puede obtenerse una idea general de la
situación prevaleciente y la relativa debilidad de estas
instituciones.
En este marco, las instituciones de extensión también
han sufrido importantes cambios. Inicialmen-te, los
esfuerzos de extensión fueron primordialmente
públicos y prácticamente siguieron el mismo formato
en toda la región, pues estuvieron directamente
ligados a los INIA y la transferencia de tecnología. Se
trató de la implantación de “un modelo único”, que
mutó hacia el conanciamiento del servicio por los
beneciarios directos, una mayor orientación al cliente
y la descentralización y tercerización del servicio de
entrega (Ardila 2010). Pero quizás el cambio más
signicativo ha sido la perdida de importancia relativa
de la promoción del cambio técnico como actividad
primordial dentro de los mismos. Según un estudio
reciente, solo el 33% de las funciones desarrolladas
por los programas de extensión están vinculadas
al cambio técnico, el resto mayormente, tiene que
ver con modicaciones sociales e institucionales. Lo
determinante de los cambios, es que la institucionali-
dad pública no es ya el actor dominante, sino que
actualmente existen numerosos actores privados
interviniendo, con diferentes enfoques y estrategias,
con bastante falta de coordinación, pero que, en
general, presentan mejores calicaciones que las
experiencias públicas.
5
No obstante, quedan vacíos importantes en la I&D y
extensión agropecuaria que deberían ser abarcados
por los sistemas públicos de investigación. Existe una
signicativa cantidad de “bienes públicos” que, por su
propia naturaleza, no son atendidos por el resto de los
actores del sistema. Entre algunos de ellos se pueden
mencionar: Funcionalidad de los suelos, calidad y
disponibilidad del agua, biodiversidad, mitigación
y adaptación climática, desarrollo territorial,
diversicación productiva, etc.
ii Recursos para I&D agropecuaria
Dos aspectos caracterizan a las inversiones en I&D
agropecuaria. Uno es el alto grado de con-centración
de las inversiones en un pequeño número de países.
El otro, la creciente restricción de los recursos
humanos. A pesar de que, en conjunto, se observa un
aumento de los volúmenes de inversión (ver Gráco
1), este básicamente reeja el comportamiento de un
reducido grupo de países de mayor tamaño, con el
resto mostrando performances bastante decientes.
De hecho, cin-co países (Argentina, Brasil, Chile,
Colombia y México) concentran más del 90% de la
inversión regional. El 10% restante se distribuye en
otros 13 países para los que se dispone información.
Esto se observa también cuando los volúmenes de
inversión se presentan en términos de cuanto repre-
sentan como porcentaje del PIB agrícola de los
países. En este caso Stads et. al. (2016), muestra que
solo seis países (Brasil, Chile, Caribe Anglófono, Rep.
Oriental del Uruguay, Argentina, Costa Rica y México)
invierten mas del 1%, mientras que el resto ni siquiera
alcanzan este guarismo, cifras que son marcadamente
contrastantes con lo que ocurre en otros países con
sectores agrícolas relevantes, como Canadá, donde la
inversión en I&D agrícola como porcentaje del PIBA
ascendió a un 11,3% (año 2009), o en en Australia que
superó el 12,5% (2011).
6
5 FAO (2014). 6 OECD (2018) y Gaulier y Zignago (2010)
Los sistemas de investigación y transferencia de tecnología agropecuaria de América Latina y el Caribe en el marco de los
nuevos escenarios de ciencia y tecnología